La zafra sojera 2018-19 había traído consigo innumerables problemas con las comunidades indígenas cuando a través de un trabajo de investigación realizado por Itapúa en Noticias se constató que unas 3.000 hectáreas de estas tierras habían sido explotadas supuestamente de manera ilegal por terceros para la producción agrícola.
[responsive_youtube https://www.youtube.com/watch?v=ybp285t23BE&feature=youtu.be]
Si bien está prohibido el alquiler de tierras indígenas, se instaló el debate ante la postura asumida por algunos miembros de estas comunidades, que gracias al alquiler de las tierras, cuentan con un ingreso fijo que les ayuda a mantener a sus familias durante todo el año.
El problema inició cuando se constató que en muchos casos, los únicos beneficiarios resultaban ser los líderes de las comunidades, mientras que en otros, el costo del alquiler tenían un valor muy por debajo del precio de mercado. Es entonces que surgen discrepancias entre los miembros y las autoridades, y la normativa de prohibición de alquiler cobra fuerza.
Se estima que en todo el departamento de Itapúa, unas 3.500 hectáreas de tierras indígenas son explotadas para la producción agrícola, que restando las casi 500 hectáreas de conflicto por una superposición de título en la comunidad Makutinga en San Rafael del Paraná, unas 3.000 están listas para ser cultivadas.
Debido a la crisis que se generó el año pasado con Makutinga, se desconoce cuál sería la situación real para la siguiente zafra, debido a la incertidumbre por las disposiciones legales que pueden tomar las instituciones competentes.
Mientras tanto, el INDI no hizo pública ninguna postura para zanjar esta problemática, donde los más afectados resultan ser los sectores más vulnerables.
Este medio no se hace responsable ni partícipe de las opiniones vertidas por los usuarios de esta sección. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Itapúa en Noticias se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República del Paraguay