El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) ratificó que el 23 de febrero se iniciará el año lectivo en alrededor de 8.500 instituciones educativas públicas y subvencionadas del país. El gremio anunció además una tregua hasta el 25 de marzo, periodo durante el cual se desarrollarán negociaciones con legisladores sobre el proyecto de reforma de la Caja Fiscal.
Directores de distintas instituciones mantuvieron este viernes una reunión con el ministro de Educación, Luis Ramírez, para coordinar aspectos organizativos. En materia logística, el gremio informó que está garantizada la implementación del programa Hambre Cero para la alimentación escolar y que la entrega de kits escolares solo está pendiente en Asunción y el departamento Central, según explicó el presidente del Sinadi, Miguel Marecos.
“Invitamos a todos los padres a enviar a los estudiantes; está todo planificado. Desde el gremio de directores, las escuelas van a estar abiertas, ya tenemos jornadas de preclases. Pero hasta el 25 de marzo queremos que las clases se respeten”, expresó Marecos a la prensa tras el encuentro en el ministerio.
El dirigente subrayó que el objetivo principal es asegurar la apertura de las instituciones para el inicio del año escolar. “No hay motivo para que no haya clases si se está negociando la reforma de la Caja Fiscal”, afirmó.
Marecos señaló que existe apertura al diálogo por parte del Ministerio de Educación y Ciencias, aunque las negociaciones se desarrollan en el ámbito del Poder Legislativo. El Senado tiene previsto tratar el proyecto de reforma el 25 de marzo. “El 25 de marzo se viene la noche para el magisterio docente. Yo confío mucho en la clase dirigencial en que se va a llegar a buen puerto para los docentes y profesores universitarios”, manifestó.
El Poder Ejecutivo impulsa una modificación del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, que abarca a funcionarios de la Administración Central, magisterio judicial, docentes del sistema educativo, docentes universitarios, policías y militares.
La Caja Fiscal enfrenta un déficit creciente que alcanza actualmente el 0,8 % del Producto Interno Bruto, equivalente a unos 380 millones de dólares. Con la reforma se busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema jubilatorio.
Entre los principales puntos del proyecto figura la fijación de nuevas edades mínimas para la jubilación en sectores que históricamente permitieron el retiro en función exclusiva de los años de aporte, como docentes, universitarios, judiciales, policías y militares.
Para el sector docente, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a una propuesta que establece 25 años de aportes y 57 años de edad para la jubilación ordinaria, y 30 años de aportes y 55 años de edad para la jubilación extraordinaria. El texto será analizado por la Cámara de Senadores el 25 de marzo.
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