La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha iniciado un proceso de implementación gradual de firmas digitales de las autoridades en la emisión de documentos internos y para la gestión de servicios externo. Esto es con el objetivo de evitar la falsificación de firmas y agilizar trámites.
Con esta innovación, la SFP pretende aumentar la seguridad en el intercambio de información crítica, reemplazar a la documentación en papel por su equivalente en formato digital, reducir costos generales por impresiones y remisiones, mejorar la calidad del servicio, y aumentar la agilidad en los procesos de tramitaciones.
La SFP se encuentra en pleno desarrollo evolutivo e implementación de la tramitación de servicios a través de los expedientes electrónicos en áreas de alta demanda de servicios como Sumarios Administrativos, Excepción a la Doble remuneración, entre otros, señaló la cartera estatal.
Con la implementación de estas acciones concretas se pretende minimizar, e incluso erradicar la falsificación total de documentos públicos, cuya autoría se atribuya a la SFP, o producción de documentos públicos de contenido falso.
También, la implementación de la firma digital ayudará a la agilización de trámites, atendiendo a la sobrecarga de trabajo que tiene la institución con los más de 12 mil expedientes externos ingresados y gestionados en el año 2016, y las más de 7.000 comunicaciones remitidas en ese mismo periodo, informó la secretaría.
Igualmente, la SFP insta a los demás Organismos y Entidades del Estado (OEE) a adoptar la firma digital para la gestión documental, no sólo interna sino también para la comunicación entre instituciones, al igual que para la implementación de procesos vía expediente electrónico.
La SFP busca con esto que la administración del Estado cuente con una gestión más eficiente y además para desterrar documentos antedatados.
La firma digital es un pilar fundamental en el cual se apoya el desarrollo del Gobierno Electrónico con miras a una gestión pública más transparente, mejorando el acceso de la ciudadanía a la información pública de calidad y con mecanismos de certificación de autenticidad que los medios
