Entre los años 2020 y 2025, la Fiscalía paraguaya investigó 216 denuncias por tentativa de feminicidio, lo que evidencia que más de doscientas mujeres estuvieron al borde de perder la vida como consecuencia de violencia extrema ejercida principalmente por parejas, exparejas, novios o familiares. Los datos fueron recopilados por el Observatorio del Ministerio Público, que advierte sobre la gravedad de estos hechos y la necesidad de medidas preventivas más efectivas.
El informe detalla que el número de denuncias ha presentado variaciones anuales, registrándose un aumento sostenido hasta alcanzar un pico histórico en 2024 con 55 casos, seguido de 44 denuncias en 2025. Los departamentos Central y Canindeyú concentraron el 45 % de los hechos, siendo las zonas más críticas del país. Otros departamentos con alta incidencia incluyen Amambay, San Pedro, Caaguazú e Itapúa.
En cuanto al perfil de las víctimas, el 36 % tiene entre 30 y 59 años, el 34 % entre 18 y 29 años, muchas de ellas madres jóvenes, y un 3 % son menores de 18 años. Respecto a los agresores, el 41 % eran parejas convivientes, mientras que el 26 % correspondía a exparejas.
El estudio también identifica los periodos de mayor riesgo: los meses de diciembre, enero, febrero, mayo, agosto y septiembre; los días domingos y lunes; y los horarios de madrugada y mañana, concentrando el 63 % de los ataques. Entre los medios utilizados, el 40 % correspondió a armas blancas, el 18 % a armas de fuego y el 16 % a otros medios sin armas.
El informe enfatiza factores de riesgo asociados a la tentativa de feminicidio, como vulnerabilidad de la víctima, dependencia económica o emocional, maternidad, edad, consumo de alcohol o drogas, celos, rupturas recientes y denuncias previas. Asimismo, se destacan patrones de supremacía masculina y resolución violenta de conflictos como motivaciones recurrentes.
Según el Código Penal paraguayo, la tentativa de feminicidio se configura cuando el autor inicia la ejecución del delito pero no logra consumarlo, y la pena privativa de libertad es equivalente a la del hecho consumado, pudiendo alcanzar hasta 30 años de prisión.
El Ministerio Público continúa reforzando protocolos de investigación y atención, con el objetivo de prevenir la consumación de estos delitos y proteger a las potenciales víctimas en todo el país.
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