Los Fiscales Sandra Ledesma y Augusto Ledesma de la fiscalía de Luque llegaron la semana pasada hasta la Colonia Nueva Aurora de San Rafael del Paraná en el departamento de Itapúa, límite con Caazapá y en un aparatoso operativo expulsaron de sus tierras a la señora Eva Yolanda Acosta y su familia dando curso a una denuncia de una supuesta invasión realizada en la unidad fiscal mencionada por el señor Domingo Ascencio residente en la capital del país.
Este demnunciante ya habría intentando despojar de sus tierras a la señora Acosta en el año 2013 presentando un título apócrifo en la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia de Lambaré, en aquella oportunidad, Doña Yolanda pudo demostrar que su título era el verdadero y el Juzgado le otorgó una sentencia favorable. Pero la semana pasada, nuevamente el denunciante vuelve a la carga con el mismo título, ahora con el apoyo de los Fiscales Ledesma quienes sin presentar orden judicial alguna ordenaron salir del inmueble a los verdaderos propietarios e incluso terminaron llevando presa a Doña Yolanda por oponerse a entregar sus tierras intentando en vano mostrarle sus títulos de propiedad.
“La semana pasada llegó una enorme comitiva policial desde el departamento de Caazapá vinieron entraron en mi campo y nos dijeron que nosotros somos invasores y que nos ordenaba que nos vayamos de inmediato, yo le dije que tengo todos los títulos y documentos en la camioneta y le quise mostrar pero sin mediar palabra ordenó que me subieran a la patrullera y me llevaron presa a la comisaría de Caazapá, nunca nos explicaron ni nos mostraron orden alguna del Juzgado, esto es una locura porque hoy no puedo acercarme a mi propia tierra, soy invasora en mi propia tierra” se lamentó Doña Yolanda.
De inmediato y con la protección de la fuerzas policiales de Caazapá, el denunciante empezó a alambrar la propiedad y con ayuda de terceros contratados destruyeron los cultivos de soja pasando con una lujosa camioneta por encima.
“La Fiscalía nunca nos advirtió que había una denuncia, nunca nos pidieron documentos o que testifiquemos sobre nuestras tierras, no nos presentaron una sola orden del Juzgado, solo su papelito de la Fiscalía que decía que venían a investigar, pero ese documento no le habilita a entrar y echarnos”
Desde inicios de esta semana una gran manifestación se inició en el acceso al distrito de Tavay en Caazapá donde unas 300 personas, campesinos y productores cerraron la ruta de acceso al distrito reclamando la reposición de sus tierras a la señora Yolanda, incluso contaron con el apoyo de los Intendentes de San Rafael del Paraná y de Tavay quienes acompañaron la movilización.
El miércoles pasado la Jueza Evelin Cabrera se constituyó en el lugar a pedido de las víctimas dónde con el asesoramiento del perito agrónomo, Ing. Néstor Domínguez Blanco, procedió a georeferenciar el inmueble determinando que las coordenadas corresponden a los títulos presentados por la señora Acosta.
La jueza Cabrera, verificó las órdenes de los agentes intervinientes de la G.E.O. y la Unidad Especializada Ecológica Rural, quienes no contaban con ningún documento emanado de algún juzgado, solo las notificaciones de la fiscalía, que ordenaban el resguardo del lugar.
El perito explicó que el título de la Sra. Acosta tiene sentencia definitiva, lo que acredita la validez del documento, certificando de esta manera que ella es verdaderamente la titular de este inmueble de 280 hectáreas del cual se pretende despojarla.
Este procedimiento está cargado de irregularidades que son inexplicables, por citar algunas, está el hecho de que haya intervenido una Fiscalía de Luque por un caso que debía radicarse en una Fiscalía de Itapúa, el actuar de los Fiscales Ledesma está completamente fuera de orden jurídico, según consultamos con varios jueces y fiscales. A esto se suma que no se haya presentado orden judicial en el momento del procedimiento, nunca se exhibió un documento judicial que autorice este despojo, tampoco se convocó a la parte demandada para indagar sobre la situación del inmueble. Pero las irregularidades no terminan con estos puntos, la orden que exhibieron los efectivos policiales de la Agrupación Especializada Ecológica Rural y de la GEO de Caazapá, que fueron contratados como guardias privados para proteger a los demandantes, tenían una simple orden de la Fiscalía pidiendo el resguardo de la Finca 980 y 981 del distrito de Caazapá cuando el inmueble en litigio se encuentra en el distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa bajo la numeración de finca 2071. Claramente los efectivos policiales fueron asignados a custodiar otro inmueble pero llamativamente pese a conocer esta irregularidad desde el miércoles pasado continuaron permaneciendo en el inmueble protegiendo a los trabajadores de los demandantes y amenazando con llevar detenidos a los legítimos propietarios si intentaban retornar a sus tierras.
El día de ayer, gracias a una medida cautelar Doña Yolanda pudo retornar a sus tierras y cosechará su cultivo y al mismo tiempo pudo detener con esta acción judicial la colocación de una alambrada que cercenaba su inmueble por completo. Ahora solo espera que el proceso judicial continúe y pueda recuperar por completo su propiedad.
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