FEMINICIDIO EN PARAGUAY: LA ORFANDAD COMO CONSECUENCIA COLATERAL


El Observatorio del Ministerio Público reveló que entre 2017 y 2025 un total de 563 hijos quedaron huérfanos como consecuencia indirecta de feminicidios en Paraguay. De ellos, 374 eran menores de edad al momento del crimen, representando el 66% del total, mientras que 170 eran mayores de edad.

La cifra se enmarca en el décimo aniversario de la Ley N.º 5777/16, “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”. El estudio destaca la situación de los hijos huérfanos, quienes son atendidos bajo la Ley N.º 7349/24, que garantiza pensión y protección para víctimas colaterales de feminicidio o homicidio en contexto de violencia familiar.

El Juzgado de la Niñez y Adolescencia define medidas de protección, verifica los requisitos para acceder a la pensión y ordena su pago, mientras que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) gestiona un programa integral de acompañamiento que coordina servicios de salud, educación y asistencia social para asegurar la restitución de derechos.

Durante este período, 354 mujeres fueron víctimas de feminicidio, perpetrados por parejas convivientes, exparejas, novios, familiares o personas sin vínculo familiar. La mayoría de las víctimas se concentró entre los 30 y 59 años (179 casos), seguidas de mujeres de 18 a 29 años (125 casos).

Los agresores fueron en su mayoría parejas convivientes (174 hechos) y exparejas (90 casos), con edades predominantes entre 30 y 59 años (181 agresores) y 18 a 29 años (106 agresores). Las armas más utilizadas fueron blancas (120 hechos) y de fuego (113 hechos), y los días con mayor registro fueron los domingos (69 casos) y lunes (53 casos).

Los departamentos con mayor concentración de casos fueron Central (92), Alto Paraná (50), Amambay (24), San Pedro (21) y Caaguazú (21), representando el 61% del total.

El Ministerio Público ha llevado a juicio a los responsables, logrando en la mayoría de los casos condenas significativas, mientras que el marco normativo vigente establece penas de 10 a 30 años de prisión para quienes cometen feminicidio bajo diversas circunstancias de vínculo, vulnerabilidad o violencia previa.

El informe también resalta factores de riesgo asociados, como dependencia económica o emocional de la víctima, concepciones de supremacía masculina, consumo de alcohol o drogas, celos, rupturas recientes, denuncias previas o el inicio de una nueva relación por parte de la víctima.











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