La apelación presentada por la querella adhesiva y el Ministerio Público sobre las medidas alternativas a la prisión preventiva firmada por el Juez Juan Carlos Bogarin Fatecha a favor del ex funcionario fiscal Juan Ramon Gauto, se encuentra estancada en la Cámara de Apelaciones.
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En ese sentido, el Abog. Ángel Jiménez cuestionó la lentitud con que se maneja este caso siendo que es sumamente delicado por tratarse de un crimen grave, donde hay una víctima menor de edad y porque el supuesto autor está suelto prácticamente sin ningún tipo de limitaciones.
Mientras tanto el supuesto violador, continúa dilatando el proceso que afronta, en esta ocasión demandando a la Fiscal Raquel Bordón ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, recusando a la Fiscal María del Carmen Palazón «porque no confía en ella», además de dilatar la audiencia preliminar de acusados cuando es inminente la elevación de su causa a juicio oral y público, agregó el demandante.
Jiménez recordó además que el anterior Fiscal General Adjunto (Edward Irala), era «su padrino», y que evidentemente Gauto tenía mucha influencia dentro del Ministerio Público. Así también lamentó que para tener celeridad en este proceso debe de pedir un urgimiento ya que los juzgados no lo estarían viendo de esta manera.
«El propio Fiscal General Adjunto era su padrino, inclusive creo que actualmente su mismo equipo, su grupo, le sigue asesorando, porque presentan cada diligencia, cada incidente y todo lo que puedan para dilatar y se está dilatando y también los juzgados se prestan a este juego» denunció.
Semanas atrás la Agente Fiscal Raquel Bordón había denunciado que Juan Ramón Gauto violó las medidas disciplinarias impuestas por Bogarin Fatecha como condicionante para permanecer en libertad mientras dure el proceso, de no comunicarse con la víctima ni sus familiares, disposición que según sostiene la Fiscal, violó al dirigirse a ellos a través de varios medios de comunicación de la ciudad de Encarnación.
Cabe recordar que el Juez Penal de Garantías Juan Carlos Bogarin Fatecha benefició al supuesto violador con medidas alternativas a la prisión preventiva a pesar de las dilaciones presentadas por el acusado para evitar ir a juicio, como así también ignoró que el mismo estaba acusado de cometer uno de los crímenes más graves que contempla la legislación paraguaya con una expectativa de pena de 15 años de prisión.
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