Con el correr de las horas, se va aclarando el panorama en relación a la causa por la que están presos cuatro funcionarios de la Dirección General de Aduanas, afectados en su momento al control en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación, Paraguay. No hay filmaciones ni fotos en su contra, sino escuchas telefónicas hechas por una fuerza nacional por orden del juzgado Federal de la capital provincial.
En esas conversaciones hay charlas entre los sospechosos entre sí y de ellos con presuntos paseros paraguayos y también locales sobre el supuesto ingreso ilegal de mercadería de contrabando desde el vecino país.
En la jornada del miércoles, entre las 8.30 y pasadas las 14, fueron llevados ante la magistrada para la declaración indagatoria. El grupo fue imputado del delito de “cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”. Esta última figura es muy grave y no contempla la excarcelación.
Apenas se concretaron los allanamientos en los que detuvieron a los funcionarios (en distintas localidades misioneras), se relacionó la redada con la denuncia hecha ante el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome, donde detalló presuntas irregularidades en el paso internacional posadeño. Mencionó un presunto engranaje delictivo en el que serían piezas clave distintos funcionarios de la DGA.
Sin embargo, en la jornada de ayer, y en medio del hermetismo con el que se maneja el juzgado Federal de Posadas, se supo que los cuatro están imputados por una causa que se inició en la capital misionera a raíz de la denuncia de una persona que acusó a los funcionarios de hacer la vista gorda con los contrabandistas a cambio de dinero y otros tipos de favores.
Fuentes del caso detallaron que ese expediente empezó a tramitarse hace un año, aproximadamente. Lo llamativo es que las medidas se tomaron poco después de que se conociera la denuncia de Dupuy de Lome, que se caracteriza por sus fuertes apariciones mediáticas.
Los acusados por Skanata se abstuvieron de declarar y pidieron ser excarcelados. Por ahora, continúan alojados en la sede local de la Policía Federal Argentina. Misiones On Line
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