En el marco de las investigaciones sobre el millonario robo ocurrido el pasado 3 de junio sobre la Ruta PY02, en el departamento de Cordillera, fue entregado este martes el vehículo sospechoso en la sede del Departamento de Investigaciones de Itapúa. El procedimiento está encabezado por la agente fiscal Lorena Castelvi, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Crimen Organizado.
Se trata de una furgoneta de la marca Toyota, modelo Voxy, color negro, con matrícula NBR 715, la cual habría sido utilizada por los autores del atraco para trasladar parte de la mercadería robada: más de 1.400 teléfonos celulares de alta gama pertenecientes a la empresa Pelmar Import–Export.
El rodado fue adquirido tan solo tres días antes del golpe, según los registros, y está a nombre de Diego Ariel Benítez Jara. Dicha persona mantiene algún tipo de vínculo con el agente penitenciario de la Penitenciaría Regional de Itapúa cuya vivienda fue allanada el pasado lunes por orden judicial. El nombre del guardiacárcel se mantiene en reserva, conforme a disposiciones del Ministerio Público.
Durante el allanamiento a la residencia del funcionario penitenciario, fueron incautados aparatos de comunicación, municiones y documentos que podrían aportar datos clave a la investigación. Todo lo colectado fue puesto a disposición de peritos del Departamento de Criminalística para su análisis técnico.
El hecho que dio origen a la investigación tuvo lugar a la altura del kilómetro 92 de la Ruta PY02, cuando una camioneta Chevrolet Blazer —en la que se movilizaban dos suboficiales de la Policía Nacional y un empleado de la firma afectada— fue interceptada por al menos 15 hombres armados. Los criminales utilizaron varios vehículos para bloquear el paso, entre ellos un Toyota Premio, un Kia Río, un tractocamión rojo y la citada Toyota Voxy.
Los delincuentes lograron alzarse con celulares de las marcas Samsung, Xiaomi e iPhone, además de armas reglamentarias de los policías. No se registraron heridos durante el asalto, aunque las víctimas fueron derivadas al hospital para controles de rutina.
El caso sigue en proceso bajo la coordinación de la fiscal Castelvi, en colaboración con unidades especializadas de la Policía Nacional.
Los investigadores continúan con el análisis de las evidencias y el rastreo de otros vehículos utilizados por la banda criminal. Se presume que algunos fueron adquiridos recientemente por personas sin antecedentes penales, lo que complica su localización y seguimiento.
La entrega voluntaria del vehículo marca un avance significativo en la causa, que apunta a desarticular una estructura delictiva con nexos en distintos puntos del país.
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