[reEl abuso de la prisión preventiva es consecuencia de la emergencia penal adoptada, en respuesta a la inseguridad y que ha demostrado que el encierro masivo es una falacia, dice el abogado y catedrático.
Abogado y docente, ex comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, anteproyectista del Código de Ejecución Penal vigente y experto en derecho penitenciario y derechos humanos, Jorge Rolón Luna, es un profundo conocedor de la realidad penitenciaria. Ya en los 90 coordinó una investigación sobre la situación en los establecimientos penales, que se publicó bajo el título de “Casas de la Violencia. Diagnóstico de la situación carcelaria en el Paraguay”, en el que ya hablaban del “estado terminal” del sistema penitenciario. Hoy, afirma con contundencia que: “el sistema penitenciario es inmanejable como está actualmente”.
– ¿Qué opina de la respuesta que dará el Poder Ejecutivo al problema penitenciario tras el escandaloso caso de la cárcel regional de San Pedro?
– Es una reacción lógica desde la perspectiva de que el tema penitenciario no le interesa a nadie. Y cuando digo nadie, me refiero inclusive a un Gobierno de corte progresista como el de Fernando Lugo, que tampoco se interesó en ello. Fue un período en el cual las cárceles también se volvieron un ámbito de recaudación, como ha sido siempre. Hay una economía política del encierro, que vuelve un negocio, a la cárcel y a sus habitantes. Y más que nunca, hoy existe una vinculación entre el tema del dinero, la tortura y los malos tratos, y las violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Si tenés dinero, evitas el calabozo de aislamiento, recibís atención médica y visitas. Todo está vinculado al dinero y cuánto mayor es la población penitenciaria, eso multiplica los sujetos a quienes se extrae. El sistema penitenciario, además de ser un espacio de violación intensa y constante de los derechos humanos, es también un ámbito extractivo, se saca dinero, se exprime a los reclusos.
– ¿En qué han incidido las reformas al Código Procesal Penal en los últimos años?
– Las modificaciones del Código Procesal Penal, en el 2004 y 2011, respectivamente se hicieron desde la perspectiva de lo que se conoce hoy como emergentismo penal o derecho penal de emergencia, en el sentido, que se modifican normas penales para responder a la crisis de inseguridad. Se endurece la represión estatal que dificulta la libertad. Por eso es que la prisión preventiva se volvió la norma y no la excepción, como señala la constitución. Esa emergencia penal, respecto a la cual hubo pocas voces críticas, hoy se traduce en una emergencia penitenciaria.
La paradoja es que en nuestro país se utilizó al derecho penal y al derecho procesal penal como herramienta de política criminal, y concretamente, la prisión preventiva, en el entendido de que eso iba a mejorar la seguridad. Es la falacia de que cuanta más gente encerramos, más seguro estamos, porque apartamos a los individuos peligrosos y dañosos, y eso es mentira. Hemos encarcelado más que nunca. Hoy día, estamos en una emergencia penal y la reacción del Poder Ejecutivo es ante la situación ya incontrolable, y sobre todo, por la presencia notoria y peligrosa, desde todo punto de vista, de criminales organizados, como el PCC. Si no hubiera sido eso, la cantidad de presos que están sobreviviendo en ese ámbito infecto, inmundo, deletéreo, violador de los derechos humanos, no le hubiera importado a nadie.
– Hace años que se habla de abuso de la prisión preventiva y mora judicial como principales problemas del sistema penitenciario. ¿Quién tiene la responsabilidad de dar un corte a estos problemas?
– El sistema penitenciario tiene la particularidad de que esté transversalizado por diversas áreas de funcionamiento del Estado y por lo que sucede en la sociedad. Si vamos a analizar el problema de fondo, tenemos que hablar de la situación de desigualdad, inequidad, pobreza y exclusión, falta de empleos, y de empleos decentes en el país.
A mí no se me escapa esto, pero entendiendo que este es un problema estructural, ocurre que si se modifica una ley esto tiene su impacto en el sistema penitenciario. Así como la manera en que la policía actúa y detiene a personas, o en que los fiscales encaran la persecución penal y como los jueces se relacionan con la actividad de los órganos de represión penal. Así, si tuviéramos más jueces garantistas, habría menos personas en las cárceles. De hecho, la situación actual hace que nuestro sistema penitenciario sea inmanejable. No hay mago que lo pueda manejar ahora.
– ¿Qué institución debería tener una mirada amplia que contemple todo eso, y busque que esos impactos sean leves en el sistema penitenciario?
– Un rol decisivo en esto tuvo que haber tenido el Ministerio de Justicia, en el sentido de proponer reformas a la Ley Procesal, por ejemplo. No lo hizo en todos estos años. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial?. Interpretó las modificaciones al Código Procesal Penal (CPP) de la manera más fácil. Porqué esta norma, así como está, admite varias interpretaciones que podrían haber hecho menos repetido el uso de la prisión preventiva. Por otro lado, tenemos un órgano superior, como la Corte Suprema de Justicia, que no ha declarado la inconstitucionalidad de esas leyes modificatorias. Las dos modificaciones al artículo Nº 245 del Código Procesal Penal (Ley 1.286/98) son absolutamente inconstitucionales, y la Corte que no ha actuado como custodio de la Constitución
– ¿Por qué inconstitucional?
– Porque viola el principio de presunción de inocencia, la prohibición de pena anticipada, y el artículo 19 de excepcionalidad de la prisión preventiva. Si voy a hablar como jurista, analizaría simplemente el aspecto normativo. Las modificaciones al artículo Nº 245 del CPP son inconstitucionales y han pasado el filtro del Poder Legislativo, sin ser revertidas por el órgano de control constitucional. Hay muchos responsables, por acciones y omisiones.
– ¿Construir más cárceles es la respuesta sistémica adecuada?
– Eso es como plantear comprarle una nueva casa como solución, a los problemas de una familia de 10 integrantes donde hay consumo de drogas, episodios de violencia física y sexual, abuso de todo tipo y dificultades de índole económico, además de relacionamiento con los vecinos, etc. Eso es lo que quiere hacer el Estado. No habrá soluciones efectivas, mientras no se reforme la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Sistema de Justicia e inclusive el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos funcionarios están de brazos caídos por una pelea interna, mientras el sistema penitenciario se cae a pedazos.
– ¿Qué opina de militarizar las cárceles, encargando a los soldados, el control perimetral de las prisiones?
– El problema de las cárceles está dentro de estas, no fuera del perímetro. En otras palabras, esa propuesta es un gran disparate. Adentro es que no se quiere meter las manos. Además, todo lo que sea militarización de la seguridad interna está desaconsejado por la CIDH, por el sentido común y lo prohíbe nuestra Constitución. No soluciona el problema. FUENTE ULTIMA HORA
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