La comunidad y las autoridades judiciales se encuentran en un estado de creciente indignación tras la decisión del juez Miguel López, quien ha otorgado arresto domiciliario a tres sujetos imputados por delitos gravísimos. Las medidas tomadas por el magistrado han suscitado un fuerte rechazo, especialmente entre fiscales que han manifestado su hartazgo ante lo que consideran una tendencia a beneficiar a delincuentes, quienes incluso se burlan del sistema judicial en las redes sociales.
En uno de los casos más polémicos, el juez López decidió conceder el arresto domiciliario a Francisco Teodoro Pedrozo Guerrero, detenido en el Puerto Algesa de San Juan del Paraná, donde fue hallado con 17 dosis de crack y una motocicleta utilizada en el robo de un teléfono celular. Pedrozo Guerrero había sido aprehendido en flagrancia mientras intentaba extorsionar a su víctima para devolver el celular robado.
A pesar de la gravedad de los cargos imputados al sujeto, el juez determinó que cumpliera la medida en su domicilio, desestimando el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía. La decisión fue acompañada de publicaciones de Pedrozo Guerrero en redes sociales, donde se burlaba de la justicia y de su situación procesal, lo que ha generado una profunda preocupación en la ciudadanía y en el Ministerio Público.
El fiscal Enrique Fornerón, del Departamento Antidrogas, criticó duramente la decisión del juez, señalando que este tipo de medidas solo contribuyen a fortalecer la impunidad y el desprecio por el sistema judicial. «Estamos viendo cómo personas que deberían estar tras las rejas, por su peligrosidad y la gravedad de los delitos que han cometido, son liberadas y continúan burlándose de la justicia. Esto es inadmisible», expresó el agente fiscal.
En otro caso que ha generado gran consternación, el juez López otorgó arresto domiciliario a Lucas Gonzalo Fariña Aranda, un microtraficante detenido con más de un kilo de marihuana y acusado de agredir sistemáticamente a su madre, Manuela Aranda. El operativo que permitió su captura fue realizado luego de que la víctima denunciara la presencia de sustancias ilícitas en la vivienda de su hijo. A pesar de los antecedentes de violencia familiar y el hallazgo de marihuana, el juez decidió que Fariña Aranda permaneciera en el mismo barrio donde reside su madre, poniendo en riesgo la seguridad de la víctima, quien ya había sufrido agresiones previas por parte del imputado.
El tercer caso involucra a Junior David Núñez, detenido con más de 4.100 dosis de crack y un arma de fuego en su poder durante un operativo antidrogas realizado en el asentamiento Arroyo Porã, en Cambyretá. A pesar de la magnitud del operativo y el hallazgo de una gran cantidad de droga y un revólver calibre 32, el juez López también le concedió arresto domiciliario.
Los fiscales, especialmente el Abg. Enrique Fornerón, han expresado su frustración por la constante liberación de personas acusadas de delitos graves, lo que socava la confianza de la población en la justicia.
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