Luego de la denuncia penal presentada por un grupo de escrachadores en contra de la actual administración de la Gobernación de Itapúa por una supuesta sobrefacturación en la provisión de la merienda escolar, el Abogado Miguel Leiva desmintió algunas cuestiones encaradas dentro de la mencionada denuncia.
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El mismo aseveró que se trata de una denuncia irresponsable de parte de un diminuto grupo que busca ganar protagonismo político.. «Alguien me sugirió que esta gente no sabe leer, pero leen muy bien y leen solamente los que le conviene», comenzó diciendo en alusión a que la denuncia formulada no tiene ninguna relación con el dictamen de la Contraloría General de la República.
Acotó que este grupo quiere ganarse un espacio dentro de la sociedad como supuestos luchadores pero no pasan de ser un grupo de irresponsables. «Si hubieran leído en forma objetiva el dictamen al que ellos mismos hacen referencia que viene de la Contraloría, se lee que se verifica que la Gobernación de Itapúa se ha ajustado a los parámetros establecidos en las normas vigentes que rigen las contrataciones públicas en lo que respecta a los mecanismos utilizados para la obtención del precio de referencia», rezó en base al dictamen de la CGR.
Aclaró que si el ente contralor hubiera encontrado alguna anomalía sería la propia Contraloría General de la República la institución que se iba a encargar de hacer la denuncia.
Sobre el tenor de la denuncia, Leiva sostiene que este grupo tiene intereses particulares tal como se demuestra en símbolo que los identifica cuál es el puño izquierdo estrechado que representa al comunismo.
Leiva recordó que un miembro de este grupo ya fue denunciado mediáticamente por el Diputado Edgar Ortiz en febrero pasado, donde supuestamente le exigían la suma de Gs. 3.000.000 para evitar escraches en su vivienda. «Tal vez sea la misma intención, a mi no me consta porque no me pidieron, tampoco tengo noticias que a la Gobernación le haya pedido dinero», subrayó.
Por último volvió a reiterar que la Contraloría General de la República dictaminó que la Gobernación de Itapúa se ajustó a los parámetros legales para la adjudicación de la merienda escolar.
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