Tras el trágico derrumbe del edificio de ocho pisos ocurrido en el barrio San Roque González de Santa Cruz, una comitiva del Ministerio Público se constituyó en la mañana de este lunes en el predio donde ocurrió el colapso. La diligencia judicial, solicitada por la administración del hotel contiguo a la construcción siniestrada, tuvo como objetivo principal verificar in situ los daños sufridos por la propiedad vecina.
La constitución judicial fue llevada a cabo por orden del Juzgado Civil de Encarnación y contó con la presencia de un ingeniero perito en construcciones, quien tendrá a su cargo la elaboración de un informe técnico. El mismo deberá determinar el perjuicio económico, estructural y material sufrido por el hotel afectado, en cuyo terreno impactó parte de la edificación colapsada.
Este procedimiento busca establecer un monto estimado de daño con fines de reparación civil, lo que podría derivar en acciones judiciales contra los propietarios de la obra o la empresa constructora responsable.
El edificio colapsado el pasado 2 de abril dejó un saldo trágico: la muerte de Hermelinda Báez (55) y su nieta Montserrat Brítez Alfonzo (15). El hecho, que sacudió a toda la ciudad, expuso graves irregularidades en el proyecto: ampliaciones no autorizadas, omisión de cálculos estructurales, y la inacción de autoridades municipales que, en vez de detener la obra, aplicaron una multa permitiendo que continuara.
La ciudadanía encarnacena mantiene viva la exigencia de justicia mientras avanzan las investigaciones penales a cargo del Ministerio Público. Hasta ahora, no se ha imputado a ningún responsable directo del desastre, lo que alimenta el malestar social y las críticas hacia las instituciones involucradas.
El informe pericial solicitado por el hotel afectado se suma a las diversas aristas del caso, que se ha convertido en símbolo de negligencia institucional y falta de control en la planificación urbana.
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