El Juzgado Penal de Garantías N.º 5 de Encarnación fijó para el próximo 31 de marzo la audiencia de imposición de medidas cautelares para cinco personas imputadas en la causa que investiga el derrumbe de un edificio en construcción ocurrido en 2024 en el barrio San Roque González de Santa Cruz, hecho que provocó la muerte de dos personas y generó una investigación por presuntas irregularidades en el proceso de edificación.
Entre los convocados se encuentra el intendente de Encarnación, Luis Yd Sánchez, cuya situación procesal se ve agravada tras la corrección realizada por el Ministerio Público en su imputación inicial, manteniéndose su vinculación directa con los supuestos hechos investigados.
La resolución judicial fue emitida el 13 de marzo de 2026 por el Juzgado Penal de Garantías N.º 5, dentro de la causa denominada “Roberto Faustino Ramírez Faría y otros s/ homicidio culposo y otros”, en la que se investiga la eventual comisión de los hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos y homicidio culposo.
En el documento judicial se dispone tener por iniciado formalmente el procedimiento preparatorio impulsado por el equipo fiscal conformado por los agentes del Ministerio Público Rocío Carolina Valdez Florentín, Francisco Javier Martínez Paiva y Enrique David Fornerón Rodríguez.
La causa penal incluye como imputados al arquitecto Roberto Faustino Ramírez Faría, al funcionario municipal René Orlando Miglio Ferreira, a la propietaria del inmueble Ramona Teresa Bogado Benítez, al encargado Roberto Montiel Cabral y al intendente municipal Luis Yd Sánchez.
Según la imputación fiscal, el jefe comunal está investigado por el supuesto hecho punible de homicidio culposo en calidad de autor, en concordancia con el artículo 107 del Código Penal, así como por omisión de evitar un resultado conforme al artículo 15 de la misma normativa. Además, se lo vincula como cómplice del hecho punible de actividades peligrosas en la construcción, previsto en el artículo 204 del Código Penal.
El juzgado fijó la audiencia de imposición de medidas para el 31 de marzo, estableciendo horarios diferenciados para cada uno de los imputados.
De acuerdo con la resolución judicial, el primero en comparecer será el intendente Luis Yd Sánchez a las 08:00 horas, seguido por René Orlando Miglio Ferreira a las 08:30, Ramona Teresa Bogado Benítez a las 09:00, Roberto Montiel Cabral a las 09:30 y finalmente Roberto Faustino Ramírez Faría a las 10:00 horas.
Todos deberán presentarse acompañados por un abogado defensor de su confianza. En caso contrario, el juzgado procederá a designar un defensor público para garantizar su representación legal durante el desarrollo de la audiencia.
Durante esta etapa procesal, la magistratura deberá analizar la aplicación de posibles medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, arresto domiciliario, prohibición de salida del país, obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado u otras restricciones que garanticen la continuidad del proceso penal.
La resolución judicial también fija como fecha límite el 10 de septiembre de 2026 para que el Ministerio Público presente su acusación formal o, en su defecto, otro requerimiento conclusivo dentro de la etapa preparatoria de la investigación.
La causa penal tiene su origen en el colapso de un edificio en construcción ocurrido en 2024 en un inmueble ubicado sobre la calle Capellán Molas, entre la avenida Japón y Lara Castro, en el barrio San Roque González de Santa Cruz de Encarnación.
El derrumbe provocó la muerte de dos personas —una abuela y su nieta— que se encontraban en el lugar intentando resguardarse de un temporal durante la noche del siniestro.
Las investigaciones del Ministerio Público sostienen que el colapso se habría producido como consecuencia de múltiples irregularidades técnicas y administrativas en el proceso de construcción del edificio.
De acuerdo con el acta fiscal, el proyecto de edificación fue presentado en mayo de 2023 por la propietaria del terreno, Ramona Teresa Bogado Benítez, junto con el arquitecto responsable Roberto Faustino Ramírez Faría.
El proyecto inicial contemplaba la construcción de una planta baja y cinco pisos superiores, totalizando seis niveles. Sin embargo, posteriormente la estructura fue ampliada hasta alcanzar ocho niveles, lo que habría generado una sobrecarga estructural no prevista en el diseño original.
Según la imputación fiscal, el permiso municipal de construcción fue otorgado pese a la existencia de diversas irregularidades documentales y técnicas, entre ellas la falta de planos estructurales firmados por un ingeniero civil responsable, ausencia de estudios de suelo y deficiencias en la documentación técnica requerida por la normativa municipal.
Además, se menciona que durante la ejecución de la obra se habrían utilizado materiales con controles insuficientes, mientras que pilares, vigas y fundaciones presentaban dimensiones inferiores a las exigidas por las normas técnicas de construcción.
El Ministerio Público sostiene que, tras completar los niveles inicialmente autorizados, los responsables de la obra decidieron continuar con nuevas ampliaciones sin contar con el permiso correspondiente.
Las investigaciones señalan que primero se avanzó con un sexto piso y posteriormente con un séptimo nivel, antes de presentar formalmente una solicitud de ampliación ante la Municipalidad de Encarnación.
Incluso mientras dicha solicitud se encontraba en trámite, los responsables habrían iniciado la construcción de un octavo piso, aumentando significativamente las cargas sobre una estructura que, según los investigadores, no estaba diseñada para soportar ese peso adicional.
Dentro de la investigación, el Ministerio Público sostiene que tanto el intendente Luis Yd Sánchez como el entonces director de infraestructura pública René Orlando Miglio Ferreira habrían incurrido en negligencias al autorizar el permiso de construcción inicial sin verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la normativa municipal.
Asimismo, los fiscales sostienen que no se habrían adoptado medidas oportunas para detener o controlar las ampliaciones irregulares que se realizaban durante el desarrollo de la obra.
Según el Ministerio Público, estas circunstancias habrían contribuido a la generación de un escenario de riesgo que finalmente derivó en el colapso estructural del edificio.
El equipo fiscal sostiene que existen suficientes elementos de sospecha para avanzar con el proceso penal contra los imputados, por lo que el caso continúa dentro de la etapa preparatoria.
En esta fase se prevé la recolección de más pruebas técnicas, informes periciales, testimonios y documentación relacionada con la construcción, así como el análisis de la actuación de las autoridades municipales involucradas.
La decisión que adopte el juzgado durante la audiencia de imposición de medidas será clave para definir las restricciones que deberán cumplir los imputados mientras se desarrolla la investigación judicial sobre uno de los derrumbes más graves registrados en la ciudad de Encarnación en los últimos años.
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