El proceso judicial por el colapso del edificio ocurrido en Encarnación, que dejó como saldo la muerte de una adolescente y su abuela que se resguardaban de una tormenta, se encuentra actualmente en una etapa de reinicio procesal, según explicó el abogado querellante que representa a la madre de la menor fallecida.
De acuerdo con el profesional, la causa deberá retomar su curso luego de planteamientos realizados por las defensas de los imputados, lo que derivó en la necesidad de que el Ministerio Público corrija aspectos técnicos del acta de imputación. Una vez subsanadas esas observaciones, se establecerá nuevamente el plazo de seis meses para la investigación fiscal, paso previo a la eventual elevación a juicio oral y público.
El querellante indicó que las objeciones presentadas se centran en la falta de precisión sobre el rol específico y el hecho punible atribuido a cada uno de los seis imputados. En ese sentido, se prevé que la Fiscalía delimite las responsabilidades individuales entre el constructor, la propietaria y los funcionarios municipales involucrados en la aprobación y fiscalización de la obra.
En cuanto a la línea de acusación, la querella sostiene una responsabilidad “escalonada”, con mayor carga hacia la propietaria, el arquitecto constructor y funcionarios de la Municipalidad, considerando que la estructura inicial fue aprobada para cinco pisos y posteriormente se autorizó la ampliación a siete niveles, además de la construcción de un último piso sin permiso.
Según lo expuesto, los planos iniciales habrían sido aprobados sin la firma de un ingeniero calculista, requisito establecido por la ordenanza municipal. Asimismo, se cuestiona que, pese a detectar la construcción de pisos adicionales no declarados, las autoridades comunales aplicaron multas y posteriormente regularizaron la obra sin verificar el refuerzo estructural correspondiente.
El abogado también mencionó que una pericia técnica privada, realizada por un ingeniero contratado por los propios responsables de la obra, habría advertido sobre graves deficiencias estructurales, incluyendo falta de resistencia, exposición del acero y dimensiones de losas por debajo de los estándares mínimos. Dichas observaciones, según afirmó, fueron comunicadas a los encargados antes del derrumbe.
La querella sostiene que el colapso se habría producido principalmente por la elevación de niveles sobre una estructura que no fue reforzada conforme a las exigencias técnicas, lo que habría incrementado el riesgo estructural. Además, cuestiona que, pese a las inspecciones municipales que detectaron irregularidades, no se ordenó la suspensión o demolición parcial de la obra.
Finalmente, el representante legal señaló que, al tratarse de un caso con víctimas fatales, la investigación se centra en la responsabilidad penal de los involucrados, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles paralelas, en un proceso considerado emblemático y de alto impacto para la ciudad de Encarnación y el departamento de Itapúa.
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