Los gremios docentes del país analizan la posibilidad de iniciar una huelga en rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que propone, entre otros cambios, la modificación de la edad mínima para acceder a la jubilación. Así lo confirmó Silvio Piris, representante de la Federación de Educadores del Paraguay, quien aseguró que existe un rechazo unánime del sector a la propuesta.

El proyecto de reforma tiene como objetivo reducir el déficit anual de la Caja Fiscal, que actualmente supera los 300 millones de dólares. En el caso específico del magisterio, se plantea establecer los 57 años como edad mínima de jubilación, con 25 años de aporte, una medida que, según Piris, no será aceptada por ninguno de los gremios docentes.
“En esto, el 100% de los gremios docentes estamos de acuerdo en no aceptar”, afirmó el dirigente sindical en una entrevista radial, advirtiendo que el sector se mantiene en estado de alerta. Incluso señaló que, de concretarse cambios en el sistema jubilatorio, los docentes podrían no iniciar las clases.
Piris reconoció que, al ritmo actual del déficit, los contribuyentes terminarán cubriendo la totalidad de las jubilaciones de docentes y otros sectores, pero consideró que se trata de una situación lógica. Sostuvo que los servicios prestados por educadores y otros profesionales no son en beneficio del Estado, sino de la ciudadanía, y que por ello corresponde que los contribuyentes aporten.
Asimismo, recordó que el Estado mantiene una deuda histórica con la Caja Fiscal desde su creación y que ese debería ser el punto de partida para cualquier intento de reforma. “Cuál es el apuro si esto va a entrar a regir recién en enero del 2027”, cuestionó.
Durante el 2025, las autoridades mantuvieron reuniones con los distintos sectores afectados por la reforma, entre ellos docentes, policías y militares, con al menos dos encuentros con cada grupo para explicar los alcances del proyecto.
Según datos oficiales publicados en julio, del total de jubilados activos, el 60% son mujeres y el 40% hombres. En cuanto a la distribución por sector, el 28% corresponde al Magisterio Nacional, el 25% a la Administración Pública, el 11% a las Fuerzas Armadas, el 13% a las Fuerzas Policiales, el 2% a las Universidades Nacionales y el 1% a Magistrados Judiciales.
En relación a la distribución geográfica, el 52% de los jubilados censados reside en el departamento Central, mientras que el resto se reparte entre Caaguazú, Itapúa, Cordillera, Alto Paraná, Paraguarí, San Pedro, Guairá, Concepción, Misiones, Caazapá, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.


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