Un vendedor ambulante de panchos que desde hace años desarrolla su actividad en la Playa San José, denunció públicamente una presunta persecución, extorsión y cobros irregulares por parte de funcionarios vinculados a la administración del mencionado espacio público, situación que, según afirmó, afecta a numerosos trabajadores del sector gastronómico.
El denunciante, Julián Vargas, conocido en la zona por dedicarse durante más de una década a la Policía Municipal de Tránsito y posteriormente al rubro de la venta de panchos junto a su familia, relató que la situación se habría agravado con el inicio de la actual administración de la gerencia de la Playa San José. Según su testimonio, comenzó a sufrir controles selectivos, presiones constantes y la instalación de otros puestos en el mismo espacio donde él trabajaba, lo que interpretó como una persecución injustificada.
El comerciante sostuvo que, además de los controles, se le habrían exigido pagos semanales de hasta 200.000 guaraníes, presuntamente sin recibo ni respaldo legal, como condición para poder continuar trabajando. Indicó que esta práctica afectaría a entre 40 y 50 vendedores, lo que representaría una importante suma de dinero mensual. También denunció episodios de violencia contra su carrito de trabajo y afirmó que incluso su hijo fue testigo de algunos de estos hechos.
Asimismo, aseguró haber presentado numerosas notas ante la Municipalidad sin obtener respuestas concretas y reclamó la intervención de instancias formales como la Dirección de Recaudaciones, señalando que su intención siempre fue trabajar de manera regular y transparente.
Ante estas acusaciones, la gerente de la Playa San José, Laura Montiel, brindó su versión de los hechos y negó categóricamente cualquier práctica irregular. Señaló que desde hace tiempo se tenía conocimiento de denuncias internas y que, como funcionaria, debía actuar conforme a las directivas de sus superiores y con las evidencias necesarias para no incurrir en arbitrariedades ni enfrentar eventuales acciones legales.
La funcionaria manifestó que informó oportunamente al intendente municipal sobre la situación y que se optó por realizar controles e investigaciones internas antes de tomar decisiones definitivas.
El caso generó repercusión entre los vendedores de la Playa San José y podría derivar en nuevas acciones administrativas o judiciales, a fin de determinar responsabilidades y garantizar condiciones justas para el trabajo en el espacio público
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