El abogado itapuense Franco Benitez, informó de la denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el actual de integrantes del Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, con las dilaciones nunca vistas para los profesionales abogados a fin de que accedan a ver los expedientes procesales de sus defendidos. Además, detalla otras falencias que espera puedan ser corregidas ya que lesionan el derecho a la legítima defensa de los afectados.
https://youtu.be/YVGlsKXuA3Y
El Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, está integrado por el Juez Carlos Dario Bogado Cuellar, el actuario Derlis Torres Benitez y el Ujuer Daniel Snchez, según informó el profesional.
Si bien, en este material el profesional se concentra en las falencias en procesos puntuales que tienen que ver con las garantías para sus defendidos a la legítima defensa, los antecedentes del proceso al cual se enfrentan son muy llamativos.
Benitez, fue contratado como representante legal de unos 25 profesionales, afectados por embargos de parte de sus sueldos por supuestas cuentas que ya habían sido saldadas previamente pero donde sus pagarés habrían nuevamente sido utilizados para ejecutarlos vía juzgado de paz.
En todos los casos, la demandante es la empresa RTO S.A, la cual estaría liderada por la Abog. Zully Ortiz.
Si bien ese es otro aspecto de la historia, el profesional del derecho cuando finalmente tras unos ocho viajes a la capital pudo acceder a los expedientes de algunos de sus representados, encontró varias irregularidades en el proceso.
Por ejemplo, que en un mismo día, el Ujier del Juzgado realizó a la misma hora al menos tres notificaciones en lugares distantes uno del otro, donde además no se encontraban, ni estuvieron los demandados, por lo que la notificación no llegó a quien debía llegar, según revelan los documentos expuestos, además de la imposibilidad de que a la misma hora el profesional estuviera en la Comandancia de Policía, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, como cita el ejemplo.
Este hecho calificado como fraudulento, afecta a la persona demandada ya que permite el avance de la demanda sin posibilidades de ejercer su defensa al demandado y que el proceso llegue a instancias de embargo salarial donde es poco lo que el afectado puede hacer para revertir su situación.
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