En el marco del reciente allanamiento realizado en Pedro Juan Caballero, que culminó en la muerte del Diputado Nacional Eulalio “Lalo” Gomes, el abogado Isidro Salinas ha manifestado su postura respecto a la legalidad y los procedimientos seguidos durante este operativo.
Salinas indicó que, de acuerdo con la normativa vigente, el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar al juez competente una orden de allanamiento en la residencia de cualquier persona, incluyendo a un Diputado Nacional, aunque este goce de fueros parlamentarios. «Si existen sospechas fundadas de la comisión de un hecho punible, el Ministerio Público puede proceder a solicitar el allanamiento», explicó el abogado.
En cuanto a las limitaciones horarias para la realización de allanamientos, Salinas señaló que, si bien la ley establece que los procedimientos deben realizarse entre las 06:00 y las 18:00 horas, existe una excepción que permite la realización de allanamientos fuera de este horario. No obstante, para que se pueda llevar a cabo un allanamiento en horas no permitidas, el juez debe fundamentar de manera clara y justificada los motivos para realizar la operación fuera del horario establecido.
El abogado también destacó que los parlamentarios gozan de dos tipos de inmunidades: la primera, relacionada con la libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones, y la segunda, que les protege de ser detenidos a menos que sean sorprendidos en flagrancia cometiendo un delito. Esta protección, conocida como fuero parlamentario, no impide que se lleven a cabo investigaciones o procedimientos legales en su contra, pero sí establece ciertas restricciones.
Finalmente, Salinas añadió que no cuenta con información precisa sobre los detalles del caso y por tanto, desconoce si el juez que autorizó el allanamiento, fundamentó adecuadamente la necesidad de realizar el procedimiento durante la madrugada. Un aspecto que, según él, es crucial para determinar la legalidad del operativo.
Este caso ha generado un amplio debate en torno a los procedimientos judiciales y las garantías que ofrece la ley a los parlamentarios, especialmente en situaciones de alto riesgo como la ocurrida en Pedro Juan Caballero.
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