Este miércoles quedó oficialmente conformada la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CONADE), que estará presidida por el Ministerio del Interior y contará con la participación de diversas instituciones del Estado, entre ellas la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).
El ministro del Interior, Enrique Riera, explicó que aunque el proyecto de ley conocido como “Ley Mafe” sigue su curso en el Congreso Nacional, la urgencia del problema de las desapariciones hace necesaria una respuesta inmediata. En ese sentido, la conformación de la CONADE busca comenzar el trabajo institucional sin esperar la aprobación definitiva de la normativa.
“El Ejecutivo está total y absolutamente convencido que esto tiene que arrancar y ya, por eso se constituye la CONADE hoy. Tenemos trabajos por delante, tenemos protocolos, reglamentos que hacer”, afirmó Riera durante el acto de instalación de la Comisión.
La Ley Mafe, que lleva el nombre de María Fernanda, una adolescente asesinada el pasado 27 de mayo, propone la creación de un registro nacional de personas desaparecidas y la implementación de un sistema de alerta temprana. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en análisis en el Senado.
Según indicaron las autoridades, la CONADE servirá como un órgano operativo transitorio para avanzar en el diseño de protocolos, establecer una articulación efectiva entre las instituciones involucradas y garantizar una respuesta rápida, coordinada y con enfoque humano ante cada caso de desaparición.
Entre los principales objetivos de la Comisión se destaca la incorporación de herramientas tecnológicas, el fortalecimiento de redes territoriales y el acompañamiento institucional a las familias afectadas por la desaparición de un ser querido.
La conformación de la CONADE representa un paso significativo en la búsqueda de una política pública integral frente a una problemática que, según organizaciones civiles y familiares de víctimas, ha sido históricamente desatendida en Paraguay.
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