Durante la jornada de este miércoles en una entrevista con nuestro medio el Abg. Rolando Aquino habló sobre la representación legal que lleva adelante a un grupo de manifestantes del distrito de Jesús de Tavarangué, comentando que alegan ser privados de sus derechos constitucionales de manifestación y además ser víctimas de amedrentamientos, hurtos y agresiones.
En el derecho a réplica nuestro equipo de prensa habló con el asesor legal del Municipio de Jesús Abg. Manuel Lugo, quien comentó otra versión de los hechos. Supuestamente ellos habían notificado en reiteradas ocasiones a los manifestantes para que despejen específicamente esa vereda y también la de enfrente, donde se estarían realizando trabajos de refacción y hermoseamiento aún no concluídos.
Ante la presunta negativa de estos manifestantes se procedió al despeje de la zona, desarmando todas las carpas que hay en el lugar y guardando todos los bienes dentro del predio municipal, que según el abogado, pueden retirarse ya que nadie se apoderará de ellos.
Los conflictos en este distrito vienen de larga data y se mezclan entre acciones civiles y política, lo cierto que dentro del marco legal ambas partes tomarán acciones legales y dirimirán los conflictos ante la justicia en búsqueda de encontrar una paz para la ciudad, que hasta el momento está lejos de llegar por como se viene dando la situación.
EL CASO:
Un grave hecho de supuesta violación al derecho constitucional de la manifestación pacífica se estaría dando en el distrito de Jesús de Tavarangué, supuestamente ordenada por el Intendente Víctor Garay.
El Abg. Rolando Aquino, representando del grupo de manifestantes que denunciaron agresiones, hurtos, atropellos, amedrentamientos y amenazas por parte del propio intendente y varios funcionarios, manifestó que es una situación muy grave la que se está viviendo en el lugar. Todo comenzó cuando miembros de la comunidad no aguantaron más los supuestos malos manejos de los recursos del municipio y decidieron hacerse escuchar montando guardia frente al palacete municipal con las intenciones de que el jefe comunal revea la situación y haga caso a los pedidos de la ciudadanía.
Lejos de suceder lo que esperaba gran parte de la comuna, el intendente optó por conseguir una orden judicial para el despeje del lugar, excusándose en reparar la vereda pública del palacete municipal y con esto también esperaba que los manifestantes por fin se retiraran.
La resolución del Juzgado en lo Civil era muy específica, despejar esa vereda para que se pueda trabajar, pero los manifestantes lejos de cesar sus reclamos decidieron apostarse en la vereda de enfrente, dentro del marco de la ley sin impedir el libre tránsito ni generar disturbios.
Resulta que al Intendente no le gustó esta determinación, por ende supuestamente envió a funcionarios a violentar todas las carpas, bienes personales, inclusive banderas de la República del Paraguay que estaban colgadas, por el simple capricho de que le incomoda que la gente haga uso de su derecho constitucional. Esto generó una gran discordia que inclusive derivó en hechos de violencia, por lo que los civiles decidieron iniciar un proceso judicial que se enmarcará en denuncias por coacción ante el Ministerio Púbico y en forma paralela una querella privada por daños y perjuicios.
