La Junta Municipal de Encarnación aprobó este 25 de febrero la ejecución presupuestaria 2026, esto a pesar de la presentación de un extenso informe técnico que expuso numerosas observaciones realizadas por parte de concejales durante el análisis de la rendición de cuentas y la ejecución presupuestaria de gastos correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Durante la sesión, se recordó que el cuerpo legislativo había requerido al Intendente Municipal los documentos respaldatorios de la rendición de cuentas, los cuales, una vez recepcionados, fueron sometidos a análisis, verificación, consideración y control dentro del proceso de exclusión presupuestaria del año 2025.
Uno de los puntos más críticos señalados fue la falta de documentación respaldatoria. En la verificación de los biblioratos que contienen órdenes de pago con sus respectivos legajos, se constató que no fueron remitidas 266 órdenes de pago correspondientes a gastos efectuados por la administración municipal durante el 2025.
Asimismo, el informe menciona la existencia de obligaciones pendientes de pago que se repiten al cierre de cada ejercicio fiscal, señalando que la deuda flotante sigue en crecimiento debido al aumento sostenido de gastos no rígidos y superfluos. Se indicó que la deuda pendiente transferida para ser cubierta con ingresos del 2026 supera los 16.366 millones de guaraníes, a lo que se suman transferencias intercuentas por aproximadamente 2.000 millones, reflejando escasez de recursos genuinos durante el 2025.
El dictamen también expuso el grave estado patrimonial del municipio, estimando una deuda total cercana a los 56.917 millones de guaraníes al cierre del ejercicio 2025, incluyendo sobregiros bancarios, deuda con proveedores, refinanciaciones, cheques emitidos y no cobrados, además de compromisos con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Entre las principales objeciones se mencionaron gastos considerados innecesarios o cuestionables, como montos elevados en publicidad a medios de comunicación y propaganda, pagos por asesorías externas, contratación de servicios que podrían ser realizados por personal municipal, uso discrecional de caja chica, consumiciones sin detalle, regalos institucionales, lavado de vehículos con facturación dudosa y alquiler de grúas para servicios que podrían optimizarse con recursos propios.
También se observó el aumento progresivo del gasto en servicios personales, el alto consumo de combustible sin informes detallados, pagos de intereses por sobregiros bancarios y contrataciones sin suficiente justificación técnica ni financiera.
Pese a estas observaciones, el documento fue finalmente aprobado por mayoría oficialista, con los votos de Keiji Ishibashi, Marino Fernández, Zulma Memmel, Natalia Enciso y Gloria Arregui, a estos se sumaron los concejales colorados, Nehemías Cuevas y Diego Aquino. La llamativa ausencia fue la del concejal Juan Lichi.
concejales insistieron en la necesidad de implementar un plan de austeridad, mejorar la rendición de cuentas, reducir gastos superfluos y ordenar las finanzas municipales, advirtiendo que la actual situación financiera podría requerir años de recomposición si no se adoptan medidas correctivas en la administración de los recursos públicos.
A continuación tenemos en extenso un resumen listado de las observaciones presentadas:
- Falta de 266 órdenes de pago remitidas para el control de la Junta Municipal.
- Órdenes de pago sin respaldo documental, con copias simples, no autenticadas o sin facturas justificativas.
- Manejo deficiente de documentaciones respaldatorias del gasto público.
- Incumplimiento en la remisión completa de biblioratos y legajos de tesorería.
- Crecimiento sostenido de la deuda flotante municipal.
- Transferencia de deudas del ejercicio 2025 para ser cubiertas con ingresos del 2026.
- Transferencias intercuentas por aproximadamente G. 2.000 millones para cubrir compromisos corrientes.
- Grave estado patrimonial del municipio y déficit estructural.
- Deuda total acumulada cercana a G. 56.917 millones al cierre del 2025.
- Sobregiros bancarios en cuentas corrientes por más de G. 5.800 millones.
- Cheques emitidos y no cobrados que distorsionan la realidad financiera.
- Deuda refinanciada con la ANDE por consumo eléctrico de años anteriores.
- Falta de cumplimiento de resoluciones municipales sobre informes financieros, combustible y extractos bancarios.
- No remisión mensual de informes de consumo de combustible y uso de vehículos.
- Falta de implementación del sistema GPS en vehículos municipales pese a resolución vigente.
- Gasto excesivo en publicidad y propaganda institucional.
- Uso indiscriminado de caja chica sin controles claros ni criterios técnicos.
- Pagos por consumiciones, almuerzos y cenas sin detalle de participantes ni justificación institucional.
- Gastos en bocaditos, reuniones y alimentos considerados superfluos.
- Compra de insumos (agua mineral, materiales) con sobreprecios respecto al mercado.
- Regalos institucionales sin identificación clara de beneficiarios.
- Pagos por lavado de vehículos a terceros pese a contar con equipamientos y personal propio.
- Inconsistencias en facturación de servicios de lavadero con direcciones dudosas.
- Alquiler de grúas por más de G. 110 millones pese a posibles alternativas institucionales.
- Elevado gasto en servicios personales con aumento sostenido sin mejoras salariales verificadas.
- Contratación de calificadora de riesgo sin resultados prácticos.
- Gastos en asesorías externas y auditorías consideradas innecesarias y duplicadas.
- Contrataciones externas pese a existir personal técnico municipal capacitado.
- Contratos de asistencia técnica con resultados desconocidos.
- Impacto negativo financiero del sistema de estacionamiento medido.
- Tercerización del servicio de recolección de residuos con merma de ingresos municipales.
- Pago de asesoramientos vinculados al plan de endeudamiento sin beneficios concretos.
- Gastos elevados en telefonía celular y dispositivos de alta gama.
- Contrataciones por excepción que duplican funciones institucionales.
- Sobreprecios en adquisición de arena, piedra e insumos para obras.
- Demarcación vial con costos considerados altos y de baja durabilidad.
- Falta de licitaciones de gran envergadura durante el ejercicio 2025.
- Adjudicaciones de obras con ampliaciones de plazos y montos cuestionadas.
- Documentos administrativos sin firmas válidas en transferencias y contratos.
- Órdenes de pago al Consejo Local de Salud sin documentación respaldatoria suficiente.
- Consumo de combustible superior y sin control detallado por odómetro.
- Elevado pago de intereses por sobregiros bancarios.
- Endeudamiento y refinanciaciones por incapacidad de pago corriente.
- Contratación de empréstitos sin aprobación previa de la Junta Municipal.
- Uso excesivo de gastos no rígidos y superfluos sin plan de austeridad.
- Falta de transparencia en la ejecución de gastos de tesorería y mantenimiento urbano.
- Posibles irregularidades en legitimidad de facturas y servicios contratados.
- Debilitamiento de la rendición de cuentas y del control institucional.
- Ausencia de un plan de reducción de gastos innecesarios.
- Riesgo de daño patrimonial a largo plazo por gestión financiera ineficiente.
Este medio no se hace responsable ni partícipe de las opiniones vertidas por los usuarios de esta sección. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Itapúa en Noticias se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República del Paraguay