Un trabajador encarnaceno atraviesa una situación que parece sacada de una pesadilla: compró un vehículo en cuotas, lo utilizó durante seis meses y terminó detenido tras descubrirse que el rodado tenía una orden de búsqueda por un supuesto caso de robo agravado del año 2021.
Carlos adquirió el automóvil en el 2025 de la firma Santander Automotores. Según relató, pagó siete cuotas —alrededor de G. 21 a 22 millones— y estaba por abonar la octava cuando, el 29 de julio del año pasado, fue demorado en un control policial. Tras la verificación, el vehículo fue incautado y trasladado a la Fiscalía de Ciudad del Este, donde permanece depositado.
El hombre pasó un día y medio detenido y fue llevado hasta la capital del Alto Paraná, donde se investiga la causa en la Unidad Penal N° 3. Desde entonces, quedó sin el automóvil que utilizaba para realizar ventas y sostener a su familia.
Su abogado, Christian Sanguina, explicó que existe una causa por presunta estafa contra la empresa vendedora y que, además, la firma inició la ejecución de pagarés firmados por el comprador, exigiendo el pago restante pese a que el vehículo sigue incautado.
La defensa analiza promover una demanda por daños y perjuicios, considerando el impacto económico que sufrió el trabajador. Mientras tanto, Carlos sigue esperando una solución: recuperar su dinero, recibir otro vehículo o al menos una compensación que le permita volver a trabajar.
Este medio no se hace responsable ni partícipe de las opiniones vertidas por los usuarios de esta sección. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Itapúa en Noticias se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República del Paraguay