Un comerciante identificado como Hermes Saucedo Arce de Capitán Meza, denunció un presunto despojo de mercaderías ocurrido tras un procedimiento fiscal y policial que derivó en el lacrado de su local comercial, en el marco de un conflicto contractual y financiero con una empresa proveedora de repuestos agrícolas.
Según su relato, el conflicto se originó hace aproximadamente cinco años, cuando adquirió a crédito un stock de repuestos agrícolas por un valor cercano a 1.184 millones de guaraníes, operación que incluyó además el alquiler del local perteneciente a la firma vendedora. Con el paso del tiempo y a raíz de dificultades económicas, el comerciante reconoció haber quedado con un saldo pendiente cercano al 20 % del total, manifestando que tenía predisposición a buscar alternativas de pago o refinanciación.
El denunciante señaló que propuso distintas opciones para saldar la deuda, entre ellas la entrega de un inmueble rural de 10 hectáreas, valuado por su parte en 300 millones de guaraníes, oferta que no fue aceptada por la empresa, al considerar que la tasación exigida por la contraparte resultaba inviable. Ante la falta de acuerdo, indicó que recurrió a un recurso legal de convocatoria de acreedores, presentado a inicios del presente año, lo que —según sostuvo— habría generado el malestar de la empresa acreedora.
En ese contexto, y con el contrato de alquiler ya vencido, el comerciante decidió mudarse del local. Sin embargo, el 15 de enero, cuando se disponía a retirar sus pertenencias fuera del horario laboral, se presentaron en el lugar agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público, informándole sobre una denuncia por supuestos hechos de lesión de confianza y estafa. De acuerdo con su versión, el procedimiento se realizó únicamente con orden fiscal, sin exhibición de una orden judicial, lo que motivó que, pese a cuestionar la legalidad del acto, accediera a entregar las llaves para evitar mayores incidentes.
Posteriormente, el local fue lacrado, y a pedido de la parte denunciante se otorgó una prórroga para la entrega definitiva del inmueble. Diez días después, en presencia de la Fiscalía y la Policía, se procedió a la reapertura del local, constatándose que la puerta principal no presentaba signos de violencia. No obstante, al ingresar, el comerciante afirmó haber encontrado el establecimiento totalmente vacío y desordenado, sin la mercadería que se encontraba en su interior al momento del lacrado.
Según indicó, una puerta lateral trasera, que conectaba con dependencias de la empresa acreedora, presentaba sellos de lacrado violentados, por lo que presume que por ese acceso se habría retirado la mercadería durante el período en que el local permaneció cerrado. Asimismo, afirmó que no tuvo constancia de custodia policial permanente durante esos días.
El comerciante anunció que continuará con las acciones legales correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, sosteniendo que cuenta con documentación que respalda su actuación y que confía en que el caso sea investigado en profundidad por las autoridades competentes.
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