La justicia itapuense dictó este martes una pena de cuatro años de prisión contra el médico cirujano Hans Nicolás Krug del Puerto, tras responsabilizarlo por las gravísimas secuelas sufridas por una mujer luego de una intervención realizada en el Sanatorio Alemán de Obligado. El fallo también incluye una inhabilitación profesional de tres años.
La afectada, Johana Selent, buscó atención médica en 2019 debido a intensos dolores en el hombro izquierdo. Tras el diagnóstico de dos hernias cervicales, aceptó someterse a una cirugía que, según le informaron, aliviaría su condición. Sin embargo, el procedimiento terminó por cambiarle la vida para siempre.
La mujer relató que ingresó al quirófano caminando y salió sin movilidad, dependiendo de una silla de ruedas, sin control de esfínteres y con severas limitaciones en los brazos. Desde entonces, ha insistido en que su único objetivo es alcanzar justicia por las consecuencias irreversibles que enfrenta.
Durante el juicio, la abogada Liz Duarte, representante de Selent en la causa penal, sostuvo que la paciente fue sometida a más de una intervención en el mismo centro asistencial, ambas con resultados adversos. La querella señaló al cirujano como responsable directo del daño permanente.
En paralelo, se encabeza una demanda civil contra el sanatorio y otros profesionales que participaron en el caso, entre ellos el traumatólogo Carlos Fabián Cárdenas Melgarejo, el director de la institución Lauro Sitzmann Penno y el anestesista Luis Vicente Tanaka Guzmán. Según indicó, los gastos médicos superaron los 70 millones de guaraníes, cifra que contrasta con el desenlace devastador para la paciente.
Aunque la legislación permite sanciones de hasta diez años por el delito de lesión grave, el Tribunal de Sentencia optó por aplicar cuatro años de reclusión y la inhabilitación temporal del médico, decisión que fue recibida con alivio por la familia de la víctima.
El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad médica y la necesidad de fortalecer los controles en los centros de salud. Con el fallo, se cierra una prolongada etapa judicial que marca un precedente en la región y abre una nueva instancia en el camino de Selent hacia la reparación integral.
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