El presidente de Leros, Kleber Ferreira, la compañía acusada por miembros de la comisión bicameral de investigación (CBI) de Paraguay, por buscar ventajas en la compra de energía hidroeléctrica excedente de Itaipú, fue condenado en primera y segunda instancia en los tribunales de São Paulo, Brasil, según publica el diario Estadaö, del Brasil.
La publicación señala que el titular de la empresa brasileña que es investigado por el Congreso paraguayo por buscar presuntas ventajas en la compra de energía excedente de la represa hidroeléctrica de Itaipú, el empresario Kleber Ferreira ya había sido condenado en dos tribunales en los tribunales de São Paulo por incumplimiento del mercado de energía libre en Brasil, en una acción de cobro que alcanza 713 millones de reales, (equivalente a unos US$ 176 millones).
El incumplimiento ocurrió en 2008, dos años antes de que Ferreira abriera Léros Comercializadora de Energía. El grupo parlamentario paraguayo investiga presuntas irregularidades en un acta bilateral de Itaipú firmada entre el gobierno brasileño y el país vecino. El pacto ha llevado a la actual crisis política del gobierno del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez.
El consejero adjunto paraguayo utilizó el nombre de la familia del presidente en un acuerdo de venta de energía para una empresa brasileña, representada por el senador adjunto Major Olímpio (PSL-SP). Ferreira, el ex socio Francisco de Lavor y su ex empresa, União Comercializadora de Energía Elétrica SA, fueron acusados por la Cámara de Comercio de Electricidad (CCE), la entidad que administra el mercado de energía libre en Brasil, de vender y no entregar $ 208 millones en energía.
Debido a la venta sin lastre, CCEE impuso multas y otras sanciones a la compañía, que suman alrededor de R$ 505 millones, cobraron la devolución de valores en los tribunales y expulsaron DE la compañía en 2016.
“Vendió lo que no poseía, aumentó las ganancias de la venta de energía y, en lugar de depositar con CCEE para que esta Cámara asigne las cantidades a los agentes que se vieron afectados por el incumplimiento de la Unión, simplemente, eligió embolsarse R$ 30 millones”, dijo la CCE en el proceso.
En julio del año pasado, la jueza Mónica Gantus Encinas, del 3er Tribunal Civil de São Paulo, ordenó a todos los acusados que pagaran el monto total adeudado, pero ordenó a un experto técnico que obtuviera el monto a pagar. En marzo de este año, los magistrados de la 36ª Cámara de Derecho Privado de la Corte de Justicia de São Paulo negaron la apelación de la Unión y confirmaron la condena.
La semana pasada, los condenados presentaron una última apelación ante el poder judicial de São Paulo y deberían apelar ante la Corte Superior de Justicia (STJ) en caso de una nueva derrota.
En el momento del incumplimiento, Ferreira era socio minoritario y director comercial de la Unión, que tenía a Francisco de Lavor, su ex suegro, como agente. “La gestión de la empresa es mía. No tiene responsabilidad”, dijo Lavor.
Culpa a Petrobras por no cumplir los compromisos con los compradores. Dijo que la compañía estatal no entregó el gas necesario para la operación completa de las plantas termoeléctricas. Ellos, a su vez, no entregaron la energía que había vendido.
Lavor también informó que tiene interés en pagar deudas, pero disputa los montos. Según Lavor, la multa impuesta en ese momento por el CCE era mensual y acumulativa y el monto total de la infracción es de aproximadamente R$ 30 millones, en valores de 2008.
“Las multas de la época eran absurdas, tanto que la regla cambió”, dijo. El Estadaö se enteró de que los prestamistas rechazaron una propuesta de pago con descuento en febrero de este año. Buscado, Kleber Ferreira no quería hablar.//5DÍAS
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