El caso de Adriana Meza, cuyo vehículo fue devuelto totalmente desmantelado tras permanecer bajo custodia de la Policía Municipal de Tránsito de Encarnación, continúa avanzando en el ámbito judicial y se encamina hacia un juicio oral y público, mientras se preparan acciones civiles contra la Municipalidad de Encarnación, según confirmaron sus representantes legales.
La abogada que actualmente lleva la causa, Perla Riveros, informó que el equipo asumió la representación luego del fallecimiento del doctor Giorgio Benitez, quien inicialmente patrocinaba a la víctima. “Adriana Meza nos pidió que la representemos y estamos acompañando el proceso desde entonces. Ya tuvimos acceso al expediente a fines de diciembre para interiorizarnos plenamente del caso”, señaló.
Actualmente, el proceso penal se encuentra en una etapa avanzada, con la fase investigativa ya concluida. Para el 20 de febrero está prevista una audiencia preliminar pendiente respecto a dos de los acusados. En total, el caso cuenta con cuatro personas acusadas, una de ellas, Cristhian Rienzi, ya pasó por la preliminar y su defensa presentó una apelación, cuya resolución es clave para avanzar hacia el juicio oral y público.
Desde la querella se denunció una estrategia dilatoria por parte de la asesoría jurídica municipal. “Lo único que observamos hasta ahora es la chicana procesal a la que nos tiene acostumbrados la asesoría jurídica de la Municipalidad de Encarnación”, manifestaron.
En cuanto a un posible resarcimiento, Perla Riveros confirmó que no hubo ningún acercamiento por parte del municipio. “Nadie de la municipalidad ni ningún representante se ha hecho partícipe del proceso”, afirmaron, adelantando que una vez culminada la instancia penal, se iniciarán formalmente acciones civiles contra la Municipalidad de Encarnación, las cuales ya se encuentran en preparación.
La defensa remarcó que el caso excede ampliamente un hecho aislado. “No se trata solamente de un vehículo desmantelado. Estamos ante un escándalo institucional grave que involucra a toda una ciudad”, señalaron, recordando que el hecho se volvió viral a nivel nacional e incluso internacional, generando un fuerte daño a la imagen de Encarnación.
En ese sentido, se mencionaron antecedentes documentados, como informes de la Contraloría General de la República, donde ya se observaban imágenes de camiones y maquinarias municipales desmanteladas, así como denuncias previas sobre irregularidades en el manejo de bienes públicos. Incluso se recordó el hallazgo de maquinaria abandonada y dañada en el vertedero municipal, descrito como un “cementerio de equipos de alto valor”.
Además, la querella reveló que nuevos testimonios continúan surgiendo, incluidos funcionarios municipales que anteriormente temían hablar. “Mucha gente se está acercando con información, incluso personas que quieren realizar denuncias formales. Esto evidencia una estructura instalada desde hace tiempo dentro de una dependencia municipal”, indicaron, advirtiendo que el caso podría ampliarse a otros hechos similares.
Otro punto central de la investigación apunta al destino de las autopartes. “Si hubo un carneo, alguien compró esos repuestos. Acá hay un lucro evidente y estamos investigando quiénes participaron de ese circuito”, afirmaron, asegurando que ya existen denuncias privadas con nombres concretos.
Finalmente, se destacó el rol clave de Adriana Meza, a quien calificaron como “la primera que se animó a denunciar”, explicando que muchas otras víctimas habrían sido inducidas a firmar documentos de “recibí conforme” bajo promesas de reparación que nunca se cumplieron, lo que les impidió luego accionar judicialmente. “Adriana no cayó en ese engaño, hizo la denuncia, la hizo pública y eso evitó que el caso sea ocultado”, concluyeron.
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