El proceso judicial por un caso de presunto daño ambiental que involucra al intendente de Encarnación, Luis Yd, continuará su curso tras un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó tanto su imputación como la acusación fiscal.
Según mencionó la Abg. Perla Riveros, una de las impulsoras de la denuncia, el pronunciamiento del tribunal superior desestima los intentos de la defensa por detener el proceso y representa un giro importante en una causa impulsada desde hace años por organizaciones ciudadanas que reclaman mayor control y transparencia en la gestión de residuos de la ciudad.
La denuncia, promovida por integrantes de la denominada «contraloría ciudadana» junto a sus representantes legales, las abogadas Perla Riveros y Teresita González, señala una serie de supuestas negligencias ambientales en el funcionamiento del vertedero municipal ubicado en el barrio San Antonio Ypecuru.
Según los antecedentes del caso, la Fiscalía, bajo la conducción de la agente Angelina Arriola, realizó un operativo de verificación en el sitio, acompañada por técnicos especializados en delitos ambientales y efectivos policiales. Durante el procedimiento, se identificaron varias falencias graves en la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Entre los hallazgos más relevantes, se constató el manejo inadecuado de residuos domiciliarios mezclados con residuos hospitalarios e industriales, la ausencia de infraestructura básica para el tratamiento ambiental, como ductos para líquidos lixiviados, ventilación o cobertura de los desechos, así como la falta de documentación habilitante emitida por el Ministerio del Ambiente (MADES).
El predio inspeccionado, que abarca unas 22 hectáreas distribuidas en varias fincas de propiedad municipal, opera como sitio de disposición final de los residuos de toda la ciudad.
El caso es seguido de cerca por colectivos ciudadanos que ven en este proceso una oportunidad para sentar precedentes en materia de justicia ambiental y exigir mayor responsabilidad en la administración de bienes públicos. Ahora, con el aval judicial, el Ministerio Público podrá avanzar hacia las siguientes etapas procesales sin obstáculos legales.
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