Testigos y auditoría revelan connivencia entre empresarios y religiosos que causaron la pérdida de propiedades y fondos de la diócesis de Ciudad del Este. Por un lado, rogaban aportes y por el otro, los escamoteaban. El ecónomo confirmó ayer a ABC varias de las presunciones.
En 2008 se fundó en Ciudad del Este la Sociedad de Vida Apostólica Comunidades Sacerdotales de San Juan (CSSJ), liderada por el controvertido cura argentino Carlos Urrutigoity, quien llegó a la diócesis del ahora difunto Mons. Rogelio Livieres en 2005, un año después de que este último haya sido ungido como obispo. Urrutigoity –se supo después– afrontaba graves denuncias por abuso sexual en Argentina y EE.UU.
Pese a las quejas e inquietudes que ya en 2009 manifestaban feligreses y sacerdotes contra Urrutigoity, el poder del religioso creció. En el 2010 consiguió que se autorizara la creación de la Sociedad San Juan que se instaló en la parroquia Espíritu Santo, en el Área 4, donde igualmente se habilitaron el instituto de formación sacerdotal San Ireneo de Lyon y el colegio privado San Esteban.
El extranjero también logró la designación como cura párroco de uno de sus protegidos, el sacerdote Kevin Lieberman.
Auditoría externa
Una auditoría de mayo de 2016 hecha por Auditores y Contadores de Servicios Impositivos y Asociados (ACSI) en la parroquia Espíritu Santo revela que, además de las denuncias de pedofilia que había contra Urrutigoity, la sociedad de comunidades sacerdotales San Juan quedó envuelta en grandes irregularidades.
El 5 de diciembre de 2013, el padre Kevin Liberman, en representación de la parroquia Espíritu Santo, suscribió un contrato con la empresa DOMUS SA (argentinos vinculados al sacerdote argentino Urrutigoity). La firma entregó a la iglesia 250.000 dólares –unos 1.405 millones de guaraníes–. El cura firmó 120 pagarés y se comprometió a devolver 3.000 dólares –unos G. 16.860.000 mensuales– durante 20 años.
La intención –según papeles– era destinar el préstamo al mejoramiento de las estructuras edilicias de la parroquia y –llamativamente– del colegio privado San Esteban, que nada tenía que ver con la diócesis (pero que funcionaba en su predio, pagando un alquiler mensual de G. 15 millones).
Llamativamente, dos años después de contraer la deuda, el 31 de octubre de 2015, DOMUS SA (que tiene como directivo al argentino y amigo del padre Urrutigoty Juan Bosch) acordó con el párroco Lieberman que se dejara de pagar el préstamo. A cambio, el colegio San Esteban dejaría de pagar el alquiler por usar el predio de la parroquia.
¿Quién es la directora del colegio San Esteban? Mónica Bosch, hermana de Juan Bosch, directivo de DOMUS SA.
La auditoría de gestión revela que no se constató ninguna documentación que certificara que los 250.000 dólares hubieran ingresado a la cuenta bancaria o a la tesorería de la parroquia Espíritu Santo. Peor aún, que el sacerdote Kevin Lieberman no debió firmar un contrato que comprometiera el uso de los inmuebles que ocupa la parroquia porque estos no le pertenecían, ya que legalmente son de la Diócesis de Ciudad del Este y de la Itaipú Binacional.
Consultada al respecto Mónica Bosch confirmó que el directivo de DOMUS SA es su hermano. Dijo que la empresa no tiene vinculación directa con el colegio, que son diferentes; aseguró que el préstamo terminó como donación de su familia porque son gente de iglesia. Dijo que no entregaron dinero como préstamo sino que pagaron en forma directa las obras: comedor, baños, aulas, techo y sala para catequesis.
Bosch lanzó una velada amenaza de demanda en el ámbito penal. “Investiguen, pero háganlo bien porque ya hubo gente que tuvo problemas por no hacerlo”.//Abc Color.
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