Una comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento en las últimas horas en una vivienda perteneciente a un agente penitenciario de la Penitenciaría Regional de Itapúa, en el marco de la investigación del asalto perpetrado el pasado 3 de junio sobre la Ruta PY02, a la altura del kilómetro 92, en el departamento de Cordillera. El hecho involucró el robo de más de 1.400 teléfonos celulares de alta gama, armamento policial y la utilización de varios vehículos, uno de los cuales habría sido adquirido días antes por el ocupante de la vivienda allanada.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles y Crimen Organizado, bajo orden del Ministerio Público, tras vincularse al propietario de la vivienda con la furgoneta Toyota Voxy de color negro, chapa NBR 715, aparentemente uno de los vehículos utilizados por los delincuentes para trasladar la mercadería robada.
Según fuentes investigativas, el rodado fue adquirido tan solo tres días antes del golpe y está registrado a nombre de Diego Ariel Benítez Jara, cuya relación directa con el guardiacárcel investigado aún se mantiene bajo reserva. Durante la intervención, los agentes incautaron aparatos de comunicación, municiones, documentación y otros elementos que podrían guardar relación con el hecho criminal.
El Golpe
El atraco ocurrió en la tarde del 3 de junio, cuando una comitiva conformada por dos suboficiales de la Policía Nacional, identificados como Hugo Ricardo Talavera (destinado en la Dirección de Policía de Canindeyú) y Vicente Figueredo López (perteneciente a la Agrupación Especializada), además de un funcionario de la empresa, Juan José González Doldán, fue interceptada por al menos 12 a 15 hombres fuertemente armados.
Las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta Chevrolet Blazer negra, propiedad de la firma Pelmar Import–Export, con dirección a Asunción. En la emboscada, los delincuentes utilizaron un automóvil Toyota Premio color plata, un Kia Río negro, un tractocamión rojo y la mencionada Toyota Voxy negra, todos organizados para bloquear el paso y facilitar el asalto.
Durante el atraco, los asaltantes se alzaron con más de 1400 teléfonos celulares de las marcas Samsung, Xiaomi e iPhone, así como dos armas de fuego de dotación policial, sin que se registraran heridos. Las víctimas fueron derivadas posteriormente al Hospital Regional de la zona para su revisión médica y luego al Ministerio Público para brindar su declaración.
El procedimiento forma parte de una investigación más amplia por robo agravado y asociación criminal, con el objetivo de identificar a todos los integrantes de la banda. Según datos preliminares, los vehículos utilizados habrían sido adquiridos recientemente, con registros a nombre de terceros sin antecedentes, lo que dificulta el rastreo inmediato.
Los elementos recolectados en el allanamiento serán sometidos a pericias técnicas por parte del Departamento de Criminalística, en coordinación con la Fiscalía, a fin de establecer vínculos concretos con el millonario golpe.
Las autoridades no descartan que existan vínculos internos o colaboraciones logísticas desde instituciones públicas, considerando la participación de personal policial y el uso de armamento oficial. La identidad del agente penitenciario investigado se mantiene en reserva por disposición del Ministerio Público.
El caso sigue en manos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Crimen Organizado.
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