A casi dos años del hecho, el caso de Adriana —la mujer cuyo automóvil fue incautado y llevado al corralón municipal tras un siniestro vial y lo encontró completamente desarmado— fue elevado a juicio oral y público.
Según explicó la propia afectada, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la elevación a juicio oral de la causa. Ahora el expediente pasará a la oficina de distribución para el sorteo del juzgado de sentencia que tendrá a su cargo el proceso.
Adriana relató que el camino judicial estuvo marcado por múltiples dilaciones y estrategias que, según afirmó, buscaron frenar el avance del caso. “Casi dos años logramos la elevación a juicio oral”, expresó.
El vehículo —un automóvil de la marca Toyota Modelo Vitz que había sido un regalo de su padre— era su principal medio de transporte. Lo utilizaba para llevar a sus hijos al colegio, trasladarse a su trabajo y visitar a su familia en Nueva Alborada.
Desde entonces, su rutina cambió por completo. Debe movilizarse en transporte público, pagar viajes adicionales para visitar a su padre y depender en ocasiones de compañeros de trabajo para regresar a su casa.
Al ver nuevamente las imágenes de su automóvil reducido a un “cascarón”, Adriana manifestó sentirse impotente. “Utilizaron todo el poder en contra mía porque saben que soy una persona del día a día”, señaló, agregando que nunca buscó perjudicar a nadie, sino encontrar una solución justa.
La afectada sostuvo que el caso no solo la perjudica a ella, sino que representa un problema social, al tratarse de un bien que estaba bajo custodia municipal. También expresó que siempre estuvo abierta a un acuerdo extrajudicial, asegurando que su intención no es que nadie vaya a prisión, sino obtener un resarcimiento justo.
Mientras aguarda el sorteo del tribunal de sentencia, Adriana mantiene expectativas, aunque reconoce sus dudas sobre el desenlace. “Hasta que lleguemos al final, no se puede decir que hubo justicia”, afirmó.
Los procesados por esta causa, quienes ya fueron acusados en la investigación oficial del Ministerio Público son: César Christian Danilo Rienzzi Fernández, Elvio Adrián Benítez Benítez, Juan Gustavo Valdez Martínez y Miguel Ángel Sanabria Acuña.
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