La Coordinadora de Abogados Independientes de Itapúa (CADI), se manifestó respecto a las últimas denuncias que salpican a la oficina de Garantías Constitucionales del Poder Judicial de Itapúa donde Rematadores Judiciales argumentan la existencia de una rosca mafiosa en la adjudicación de millonarios remates.
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El Presidente del CADI, Abog. César Villanueva explicó la postura asumida por el gremio que apoya la denuncia realizada por el Colegio de Rematadores por ende investigar y castigar los hechos punibles en el proceso de adjudicación de millonarios remates a personas que no se encontraban en el sistema de sorteo o bien que no cumplian con lo estipulado en la acordada de que rematadores deben residir en zona para ser adjudicados con los casos de remate
El CADI defiende a los actuarios del Poder Judicial sumariados por dar celeridad con los oficios a los abogados y hacer menos burocráticos los procesos y piden que este punto no desvíe de los realmente grave.
Los Abogados independientes emitirán un manifiesto de apoyo total e incondicional a los Rematadores de Itapúa, (por los hechos denunciados), al socio y colega Cristian Velázquez y las actuarias de nuestra Circunscripción Judicial, en especial a la Abog. Maria Ortigoza, por no tener estos nada que ver con las cuestiones denunciadas, así también requerirán se enfoquen en la verdadera problemática y hacer seguimiento a las denuncias realizadas en cuanto a las irregularidades y hechos punibles.
Pedirán al Fiscal General Adjunto resuelva junta de fiscales y urgente diligencia ante la grave denuncia además de solicitar a la Presidencia y al Superintendente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resuelva investigar la oficina de Garantías Constitucionales y diligencia ante la grave denuncia de irregularidades.
En otro punto el CADI, exhorta a la CSJ para que dé cumplimiento al Art. 45 de la acordada Nro. 1.066/2016 y en consecuencia corrija y proceda a anular las matrículas otorgadas para rematadores foráneos por no residir en la Circunscripción de Itapúa como lo son estos 5 ciudadanos individualizados en la denuncia en cuestión y por último exigen la intervención e investigación seria a realizarse contra la oficina de Garantías Constitucionales.
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