El Juez Penal de Garantías Juan Carlos Bogarin Fatecha rechazó el pedido de revisión de medidas que fue planteado por la Abog. Lorena Bianchetto en representación de Miriam Irala y Ricardo Palacios sindicados como supuestos autores del hurto e incendio de la Municipalidad de Encarnación el 25 de marzo pasado.
Para la abogada corresponde la aplicación de medidas menos gravosas a sus defendidos teniendo en cuenta que los hechos que se les atribuye son delitos y que ya pasaron 5 meses desde la detención y que según ella no hay pruebas en contra de los mismos, también dijo que dentro de los 6 meses el Ministerio Público debe presentar los actos conclusivos del proceso.
Bianchetto insistió que correspondía la aplicación menos gravosas como la prisión preventiva; no obstante el Ministerio Público se opuso a este pedido alegando que aún quedan muchas diligencias por realizar y que esto podría obstruir la investigación y que los imputados no han aportado un solo elemento que sea válido para la investigación.
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Bianchetto apuntó a altos funcionarios de la Municipalidad quienes fueron mencionados en las testimoniales que podrían tener implicancia en el incendio y que no se quiere llegar a la verdad.
Uno de los puntos que volvió a subrayar fue el manejo irregular de los fondos de la Comuna (bicicleteada) señalando a la ex Jefa de Recaudaciones Lic. Mirta Herrera como principal responsable, alegando que el dinero depositado en la cuenta de la Municipalidad de Encarnación fue con cheques con números de redondos de personas ajenas a los contribuyentes, tal como ya lo había publicado IN días anteriores.
“Los antecedentes administrativos se encontraban en estado deplorable y se pudo demostrar con documentos en la Fiscalía, era lo que se que se quería borrar”, expresó.
Mencionó los extraños cambios que supuestamente se realizó en la sede de la Municipalidad días antes del atentado que supuestamente fueron ordenados por Mirta Herrera y las contradicciones en las declaraciones que se realizaron en diferentes testificales.
Anunció que apelará la decisión del Juez sobre el rechazo del pedido a la revisión de medidas a favor de sus representados.
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