Con la incautación de 3.800 kilos de marihuana a orillas del Río Paraná en la zona conocida como Resquin Cue de Cnel Bogado, se confirma la teoría de que organizaciones criminales operan en toda la costa margen derecha del Río Paraná en territorio paraguayo, enviando miles de kilos de esta droga a territorio argentino, cuyo gobierno desde que asumió, ha iniciado una implacable lucha en contra de este flagelo.
Producto de ello, en lo que va del año, llevan incautadas toneladas de la hierba en cientos de procedimientos en distintas comunidades de las provincias de Misiones y Corrientes, donde se han desbaratado verdaderas estructuras dedicadas a recibir y distribuir la droga en territorio argentino, país que resulta como un «buen negocio» para los narcotraficantes.
Estas organizaciones han permeado en esferas judiciales y políticas en el vecino país, lo cual facilita el trabajo. La lucha contra el narcotráfico iniciado por el gobierno del Presidente Macri, ha dejado en evidencia que autoridades municipales y policiales, por ejemplo de la ciudad de Itatí, controlaban el negocio de la droga.
Nuestro país no está exento de esa realidad; para que estas organizaciones operen tan libremente en toda la extensión de las costas del río Paraná, necesariamente debe existir, como mínimo, una complicidad autoridades e instituciones públicas.
Es imposible que estas cantidades se puedan trasladar de diferentes puntos de producción hasta el río, sin que nadie se percate. En la zona donde el día de ayer se incautó está impresionante cantidad de droga, se ha observando un movimiento inusual de personas venidas supuestamente del norte del país y con vínculos en Buenos Aires, que se desplazan en poderosos vehículos de alta gama y que en poco tiempo han realizado multimillonarias inversiones en compras de inmuebles y construcciones de fastuosas viviendas, además de incursionar en el rentable rubro de la ganadería, con intenciones de asentarse en forma permanente en la zona.
La corrupción de las autoridades políticas de las comunidades sumada a la actitud pasiva y cómplice de las instituciones encargadas del control del negocio del narcotráfico, hacen apetecible la instalación de estas bandas en la zona.
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