La defensa de Federico Miguel Vázquez, exdirector ejecutivo de Ueno Bank, solicitó la revisión de medidas para obtener el arresto domiciliario, mientras que el Ministerio Público pidió confirmar la prisión preventiva por considerar que persiste el peligro de fuga.
Los abogados Víctor Gulino Ocampo y Álvaro Cáceres Alsina cuestionaron la resolución del juez Rodrigo Estigarribia, argumentando que la prisión preventiva fue sustentada en fundamentos genéricos sobre la gravedad de los hechos atribuidos, la expectativa de pena y la capacidad económica del imputado, sin demostrar circunstancias concretas que indiquen intención de fuga.
Como parte de su planteamiento, señalaron que Vázquez se presentó voluntariamente al conocer la orden de detención, colaboró con el allanamiento de su vivienda y cuenta con arraigo familiar y laboral en Paraguay, donde reside con su esposa y sus tres hijos menores.
La defensa también sostuvo que no existe peligro de obstrucción de la investigación, debido a que la documentación bancaria está bajo control del Banco Central del Paraguay, su vivienda ya fue allanada y las empresas vinculadas a las operaciones investigadas se encuentran temporalmente cerradas.
Para respaldar el pedido de arresto domiciliario, propuso la utilización de una tobillera electrónica y una garantía inmobiliaria de G. 2.925 millones, mediante propiedades pertenecientes a su padre, Víctor Hugo Vázquez.
Asimismo, cuestionó que el juzgado no haya otorgado un plazo para completar los certificados de condiciones de dominio y formalizar la caución. Por ello, solicitó revocar la prisión preventiva o, alternativamente, anular la resolución por falta de fundamentación.
Por su parte, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle solicitaron confirmar la medida. Argumentaron que el magistrado valoró la capacidad económica del imputado junto con los demás antecedentes del caso.
Los representantes del Ministerio Público señalaron que la presentación voluntaria y la colaboración de Vázquez durante los procedimientos no neutralizan automáticamente el riesgo de fuga ni obligan a sustituir la prisión preventiva.
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