El representante de la Entidad Binacional Yacyretá ante el Consejo Consultivo de Turismo Municipal, Carlos Bado, cuestionó los contratos laborales de cuatro personas vinculadas a la Escuela Taller de Encarnación y denunció que se intentó trasladar su validación a la administración municipal entrante, pese a que los documentos ya habían sido firmados el 2 de enero de 2026 y tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Bado explicó que, en septiembre, días antes de las elecciones municipales, se convocó a una reunión extraordinaria para tratar la actualización de esos contratos. Según relató, se argumentó que la continuidad de una cooperación internacional para la Escuela Taller dependía de la aprobación de los vínculos laborales.
En aquella sesión, Bado se opuso a la medida y propuso postergar la decisión hasta después de las elecciones, para que el intendente electo pudiera evaluar si los funcionarios contaban con su confianza. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por seis votos contra uno.
El representante de la EBY señaló que, desde el 7 de octubre, solicitó reiteradamente copias de los documentos, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, durante la reunión del sábado, el intendente saliente le entregó los contratos, ocasión en la que pudo constatar que habían sido suscritos a comienzos de año y contemplaban una duración de 24 meses.
Entre los vínculos mencionados figuran los de Miriam Graciela Sánchez, identificada por Bado como hermana del intendente Alfredo Luis Yd, con un sueldo de G. 6 millones; Luis Senesio Ruiz Díaz Bordón, con G. 5.500.000; María Lorena Peralta Parra, con G. 5 millones; y María Isabel Andrusevich, con G. 3.300.000.
Bado sostuvo que el contrato de la hermana del intendente corresponde a la Dirección Administrativa y cuestionó que se pretenda comprometer a la próxima administración hasta diciembre de 2027. También afirmó que los documentos fueron firmados por los involucrados y el vicepresidente del Consejo, y no por el presidente del organismo, que es el intendente municipal.
El entrevistado adelantó que, con la renovación de integrantes del Consejo, solicitará revisar los contratos, las actuaciones administrativas y las cuentas relacionadas con la institución. En particular, mencionó la necesidad de controlar los ingresos provenientes del estacionamiento municipal, cuyos montos, según manifestó, también deben ser examinados.
Finalmente, aclaró que sus cuestionamientos no apuntan al funcionamiento de la Escuela Taller, sino a las condiciones en que se formalizaron los contratos y a la obligación que, según considera, se intenta imponer a la administración entrante.
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