El lugar donde un niño debería encontrar protección también puede convertirse en el escenario de las agresiones. Según las estadísticas citadas por el abogado Cristian Wlosek, coordinador regional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), el 80 % de los casos de abuso sexual contra niños ocurre en el entorno familiar.
La gravedad de esta realidad fue uno de los puntos expuestos en el primer encuentro institucional sobre niñez y adolescencia, que reunió a representantes del Poder Judicial, el MINNA, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los juzgados de Paz y las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).
Para Wlosek, uno de los principales desafíos es evitar que la intervención estatal comience cuando el daño ya ocurrió y el caso llega a los tribunales.
“Cuando un niño llega al sistema judicial, para los casos de vulneración, el sistema de protección llegó tarde”, manifestó.
La advertencia apunta a una dificultad concreta: las instituciones deben coordinar sus actuaciones para responder con mayor rapidez ante denuncias de abuso, maltrato y abandono, sin que las diferencias de criterio o las limitaciones de recursos terminen retrasando la atención.
El encuentro dejó una lista de tareas pendientes. Entre ellas, elaborar un protocolo común de actuación, delimitar las competencias de los juzgados de Paz y las CODENI, actualizar el directorio departamental de servicios y equipos técnicos, y mejorar los mecanismos de recepción de denuncias.
Wlosek reconoció que la disponibilidad limitada de equipos técnicos representa una dificultad para el sistema. Por ello, la mesa también busca fortalecer el seguimiento de los casos que llegan a la Justicia, especialmente aquellos relacionados con abuso sexual y asistencia alimentaria, y reducir los tiempos de respuesta.
Otro punto abordado fue la preparación del personal de las CODENI mediante el programa CODENI 2.0, que contempla capacitación y acreditación. La intención es estandarizar la gestión y evitar que los cambios de autoridades municipales afecten la continuidad de la protección a niños y adolescentes.
La próxima reunión está prevista para noviembre. El objetivo será avanzar hacia una hoja de ruta con responsabilidades y procedimientos definidos para que las instituciones puedan trabajar de manera coordinada.
El desafío planteado por Wlosek va más allá de resolver las dificultades de comunicación entre organismos: lograr que el sistema de protección intervenga antes de que un niño tenga que llegar a la Justicia para que sus derechos sean defendidos.
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