La Contraloría General de la República advirtió sobre la existencia de 146 médicos egresados de universidades que no estaban habilitadas o que no contaban con la acreditación obligatoria, una situación que genera preocupación por los riesgos que podría representar para la atención sanitaria. El dato fue expuesto por el contralor Camilo Benítez durante la presentación de un primer informe de auditoría ante la comisión parlamentaria que investiga presuntas irregularidades en títulos académicos.
Benítez explicó que el trabajo encontró una realidad más grave de la que se había previsto inicialmente, por lo que no será posible completar toda la fiscalización en los 45 días comprometidos. Aclaró que el documento presentado corresponde a un informe final sobre una parte del trabajo, mientras continúa la revisión de los casos pendientes.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), al que el contralor atribuyó graves deficiencias en el control de las ofertas académicas. Según sostuvo, existen carreras que funcionan sin las habilitaciones correspondientes y otras, especialmente del área de salud, que no cuentan con la acreditación de calidad obligatoria, sin que se hayan aplicado las sanciones previstas.
También señaló falencias en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que habría reconocido títulos sin realizar las verificaciones necesarias. En algunos casos, las universidades consultadas negaron que los funcionarios públicos señalados hayan estudiado en sus instituciones.
El primer corte identificó 1.090 títulos declarados por 1.082 funcionarios de 35 organismos estatales que no encontraron respaldo en los registros de las instituciones educativas consultadas. No obstante, Benítez remarcó que las situaciones deben verificarse individualmente y que no todos los casos pueden darse por probados.
La Contraloría ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta producción y uso de documentos de contenido falso. El organismo continuará recabando información, ya que todavía faltan respuestas de instituciones públicas y universidades.
El contralor sostuvo que, más allá de los títulos cuestionados, la principal preocupación es la falta de controles que permite habilitar carreras y reconocer credenciales sin las verificaciones correspondientes.
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