Representantes legales de Carlos Machuca, quien denunció una presunta estafa en la compra de un vehículo, brindaron una conferencia de prensa para aclarar distintos aspectos del caso y responder a cuestionamientos surgidos públicamente en torno al procedimiento.
Los abogados señalaron que el caso se inició mediante una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público por el comprador y que, posteriormente, se realizó la denuncia pública con el objetivo de advertir a la ciudadanía sobre una modalidad que, según sostienen, podría constituir un esquema de estafa.
Durante la conferencia, remarcaron que no existe intención de realizar acusaciones particulares fuera del ámbito judicial y que se mantiene el respeto a la presunción de inocencia de las personas involucradas.
Uno de los principales puntos expuestos durante la conferencia fue la existencia de un contrato privado de compraventa del vehículo, con certificación de firmas realizada por una escribana pública.
El abogado Rubén Paredes explicó que el documento establece como objeto la compraventa de un automóvil Volkswagen Gol y fija el precio de la operación en G. 50 millones.
Según el profesional, una de las cláusulas del contrato establece expresamente que la vendedora declara haber recibido íntegramente el dinero correspondiente al precio del vehículo.
“Lo importante es que esta señora declara en un documento firmado por ella que recibió el precio y no entregó el rodado al comprador”, sostuvo el abogado durante la exposición.
De acuerdo con la versión de la defensa del comprador, el contrato constituye uno de los principales elementos probatorios dentro de la causa, debido a que cuenta con firmas certificadas por escribanía.
Los representantes legales sostienen que, pese a haberse concretado el pago y firmado el contrato, el vehículo no habría sido entregado al comprador.
El abogado Paredes anunció además que, paralelamente a la investigación penal, se prevé iniciar acciones en el ámbito civil para exigir el cumplimiento del contrato.
Según explicó, se plantearía una demanda de cumplimiento contractual y obligación de hacer escritura pública, además de solicitar judicialmente la entrega del rodado adquirido.
Los representantes de la presunta víctima sostienen que el comprador, un joven de 21 años, habría reunido sus ahorros con el objetivo de adquirir su primer automóvil y que posteriormente se habría visto perjudicado al no recibir el vehículo pese al pago que, según el contrato, fue realizado.
Durante la conferencia también se aclaró que el vehículo involucrado en la controversia fue incautado por disposición del Ministerio Público y actualmente se encuentra depositado a disposición de la Fiscalía.
Los abogados rechazaron las versiones que pudieran señalar que el rodado se encuentra en poder del comprador o de sus familiares.
Asimismo, indicaron que la investigación busca determinar si existió una estructura organizada detrás de la operación y quiénes habrían recibido finalmente el dinero.
Otro de los aspectos mencionados durante la conferencia fue el cambio de la unidad fiscal que llevaba adelante inicialmente la investigación.
Los abogados manifestaron su preocupación debido a que, según su versión, existían diligencias que consideraban urgentes, entre ellas la localización y eventual detención de personas que presuntamente habrían recibido el dinero de la operación.
Sostuvieron que el objetivo era seguir el rastro del dinero para determinar su destino y establecer la eventual participación de otras personas.
Los profesionales insistieron en que será el Ministerio Público, dentro del proceso investigativo, el encargado de determinar si existió una organización criminal, quiénes participaron y cuál fue el mecanismo utilizado.
Mientras tanto, la causa continúa en investigación y los representantes legales anunciaron que también recurrirán a la vía civil para reclamar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa.
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