Enzo Machuca, un joven que había ahorrado durante años con el objetivo de adquirir su primer vehículo terminó sin el dinero y sin el automóvil tras una operación de compraventa que ahora es investigada como un presunto caso de estafa. El abogado Rolando Aquino, representante legal de la víctima, explicó los detalles de la denuncia y calificó el hecho como un fraude “híbrido”, ejecutado tanto de manera presencial como virtual.
Según relató Aquino, todo comenzó cuando el joven encontró en Facebook Marketplace la publicación de un vehículo modelo 2019, cuyo precio rondaba los G. 50 millones, una suma acorde al valor de mercado.
El comprador contactó inicialmente con la persona que ofrecía el automóvil, llegó a inspeccionarlo e incluso conoció a la propietaria y al esposo de esta. Sin embargo, en esa primera reunión no lograron acordar el precio.
Posteriormente, el padre del joven intervino en la negociación y encontró una publicación idéntica del mismo vehículo, pero desde otra cuenta de Facebook. Tras contactar con ese nuevo perfil, logró negociar un descuento y acordó concretar la compra.
El negocio debía realizarse un sábado, pero fue postergado para el lunes debido a que, según el supuesto vendedor, la propietaria viajaría a Asunción.
Ese lunes, todas las partes se reunieron en una escribanía para formalizar la operación. De acuerdo con Aquino, estaban presentes la propietaria del vehículo, su esposo, un intermediario dedicado a la venta de automóviles y el padre del comprador, quien firmaría el contrato. Mientras tanto, el joven permanecía frente a la escribanía esperando la autorización para realizar las transferencias.
El abogado explicó que el contrato establecía que el pago se realizaría mediante transferencia bancaria al intermediario. Sin embargo, durante la reunión apareció una persona que mantenía comunicación telefónica con los presentes y que, supuestamente, se presentó como hermano de la propietaria.
Según la denuncia, esta persona indicó que el dinero debía ser transferido a dos cuentas bancarias pertenecientes a otras mujeres. Aquino afirmó que el propio intermediario habría autorizado ese procedimiento frente a todos los presentes.
Con esa autorización, el joven efectuó las transferencias y posteriormente las partes firmaron el contrato privado de compraventa con certificación de firmas.
El conflicto surgió cuando el intermediario manifestó que el dinero nunca había llegado a su cuenta. Incluso, acompañó al comprador hasta una entidad bancaria para verificar la situación. Sin embargo, la defensa sostiene que esa actuación habría formado parte de una maniobra previamente planificada.
“Nosotros sostenemos que todo eso fue un show para convencer a mi cliente de realizar la transferencia. Firmaron el contrato, aceptaron la forma de pago y, una vez hecha la transferencia, alegaron que nunca recibieron el dinero y se negaron a entregar el vehículo”, manifestó Aquino.
El abogado remarcó que la víctima actuó confiando en la legalidad de la operación, ya que el vehículo existía, la propietaria firmó el contrato y todas las actuaciones se realizaron en una escribanía.
Asimismo, indicó que el contrato quedó depositado con certificación de firmas y considera que el acto jurídico de compraventa es plenamente válido.
Finalmente, señaló que ahora corresponderá al Ministerio Público determinar la eventual responsabilidad de los involucrados y establecer si el caso configura un hecho punible de estafa, apropiación u otro delito, mientras la defensa buscará que se haga cumplir el contrato o que la víctima recupere el dinero entregado.
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