El juicio oral y público seguido contra el intendente del distrito de Jesús, Víctor Bernardo Garay, por presuntos hechos vinculados a irregularidades administrativas, tuvo un nuevo capítulo luego de que el Ministerio Público presentara una recusación contra el Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos especializado.
El fiscal Luis Albertini explicó que la recusación fue planteada tras una audiencia realizada el pasado 15 de julio, donde una testigo incorporó nuevos elementos relacionados con la contratación y ejecución de obras municipales.
Según relató el agente fiscal, durante la declaración de la exintendenta interina y actual concejal Idilia Peralta, se mencionó que un arquitecto habría sido requerido para presentar documentación relacionada con pólizas de seguro y continuidad de obras adjudicadas. Sin embargo, siempre según la declaración mencionada, el profesional manifestó que nunca fue contratado ni adjudicado con trabajos por parte de la Municipalidad de Jesús.
Albertini señaló que existen documentos y contratos presentados ante organismos de control como la Contraloría General de la República y la entonces Secretaría de Estado de Tributación (SET), los cuales, según la Fiscalía, justificarían erogaciones vinculadas a esas obras.
El fiscal indicó que, ante estos nuevos elementos, el Ministerio Público planteó una ampliación de la acusación, pero cuestionó que el Tribunal haya generado un intercambio sobre si correspondía aplicar el artículo 386 del Código Procesal Penal o una facultad prevista en el artículo 400 del mismo cuerpo legal.
De acuerdo con su explicación, la Fiscalía finalmente desistió del pedido luego de las insistencias del tribunal sobre el fundamento jurídico de la ampliación, considerando que una vez planteado el incidente correspondía al órgano jurisdiccional resolverlo.
Albertini sostuvo que la recusación no responde a una decisión favorable o desfavorable del tribunal, sino a lo que considera una falta de cumplimiento de las formalidades procesales y una afectación al principio de imparcialidad.
“En 16 años como agente fiscal nunca había recusado a un tribunal. Esto no es una cuestión personal, sino una consideración de que no se cumplieron las formalidades que la ley exige”, expresó.
El representante del Ministerio Público también defendió la existencia de elementos probatorios suficientes para sostener la acusación contra el jefe comunal de Jesús. Mencionó que, además del caso del arquitecto en cuestión, existe el testimonio de la arquitecta María Laura Bonet, quien habría señalado que nunca fue adjudicada con obras municipales ni prestó servicios para la comuna, pese a que su documentación habría sido utilizada en procesos administrativos.
Asimismo, hizo referencia a otros testimonios que, según indicó, apuntarían a la existencia de presuntas empresas de maletín utilizadas en adjudicaciones, mencionando casos de personas cuyos perfiles económicos no coincidirían con la capacidad necesaria para ejecutar obras públicas.
El fiscal cuestionó además los controles realizados por organismos encargados de verificar las documentaciones presentadas en los procesos de contratación, señalando que existieron supuestas falencias en las verificaciones.
La causa continúa en etapa de juicio oral, mientras se aguarda la resolución sobre la recusación planteada contra el tribunal y el avance de las diligencias procesales correspondientes.
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