El ataque armado que destrozó el Puesto Policial Número 4 de la colonia Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, durante la madrugada del martes 22 de julio, dejó tres personas muertas —dos agentes policiales y un civil— y un herido, además de la destrucción total de la sede y varios vehículos por el fuego. Mientras el gobierno y las autoridades policiales apuntan al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) como responsable del hecho, una versión completamente distinta cobra fuerza en círculos policiales y medios locales de la zona.
Esta nueva versión sugiere que el atentado no respondería a una acción del grupo insurgente, sino a conflictos internos vinculados a operaciones no reportadas sobre mercaderías que circulan por la ruta PY03. Sostienen que se trata de un trabajo habitual en esa jurisdicción estratégica, de alta circulación, donde los jefes más experimentados suelen ser enviados precisamente por esa razón.
El comisario Julio Cabañas, jefe de la dependencia policial atacada, solicitó permiso horas antes del hecho alegando el fallecimiento de su suegro en Saltos del Guairá. Esa solicitud ya está siendo investigada por Asuntos Internos.
El exdiputado Julio Colmán, reforzó esta línea alternativa al señalar que el ataque podría tratarse de una represalia por un faltante de unos 50 kilos de cocaína en una retención de cargamento que luego fue devuelto tras el pago de dinero. Colmán también afirmó que la camioneta Toyota Hilux incendiada durante el ataque era “mau” y pertenecía al comisario del puesto, y que el agente sobreviviente estaría procesado por un supuesto “apriete”.
Cabañas no es un nombre nuevo en las controversias policiales. En octubre de 2018, durante un procedimiento relacionado con un asalto a una entidad bancaria, efectuó un disparo que resultó mortal para el subcomisario Arístides Dionicio Peralta Villasboa. Fue imputado por homicidio doloso, aunque años después obtuvo sobreseimiento definitivo. En aquel entonces ya acumulaba procesos por robo agravado y denuncias de extorsión.
Uno de los episodios más graves que se le atribuyen ocurrió en marzo de 2016, cuando aún se desempeñaba como jefe del Departamento de Investigaciones en Itapúa. Un adolescente de 16 años, criado por su abuela en una vivienda del barrio San Juan de Cambyretá, ideó junto a dos amigos el robo de una caja fuerte que contenía 130.000 dólares propiedad de Ranulfo Villagra. Los jóvenes se llevaron la caja, la abrieron en un hotel de Encarnación y se repartieron el dinero. Uno de ellos, con su novia, abordó un taxi con destino a Coronel Bogado cargando una mochila con los billetes.
El equipo policial liderado por Cabañas interceptó el taxi sobre la ruta PY01. Según el relato del menor detenido, los agentes lo encapucharon, lo sometieron a violencia y preguntaron insistentemente si había más dinero, mientras uno de ellos mantenía comunicación constante con el comisario. En plena ruta, antes de llegar a Encarnación, el móvil policial se detuvo y uno de los uniformados entregó la mochila llena de dinero al conductor de un vehículo gris que el adolescente identificó como Cabañas.
Al llegar a la base de Investigaciones, el joven, al darse cuenta de que el dinero desaparecería, inventó que había más efectivo en una vivienda del barrio Pacú Cuá. Allí gritó a los familiares y vecinos que los policías le habían robado el dinero. Una turba los desarmó y exigió la devolución. En el informe oficial, los agentes admitieron haber incautado el dinero pero afirmaron que una persona de la turba se lo había apropiado en el lugar, versión que el menor y la víctima cuestionaron.
Ranulfo Villagra denunció a los agentes por apropiación. La Fiscalía desestimó la denuncia sin abrir investigación. Los policías, a su vez, demandaron a la víctima por haberlos expuesto. Un juzgado terminó condenando a Villagra a pagar casi 30.000 dólares a los uniformados. La sentencia se dictó el 30 de diciembre y fue apelada.
Ese mismo equipo liderado por Cabañas acumulaba otras denuncias por extorsión y robos sistemáticos en San Pedro del Paraná y otras dependencias. La historia del dinero desaparecido y la posterior condena a la víctima ilustra, según quienes la relatan, un esquema de coacción que continúa vigente.
Pero esta no es la primera vez que el Oficial es salpicado hechos de dudoso proceder, ya que mientras prestaba servicios como Subjefe de la División de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional en la ciudad de Encarnación en julio de 2016 fue denunciado por supuestamente asaltar a una familia y herir a uno de sus miembros a tal punto de dejarlo inválido de por vida.
En una entrevista exclusiva a Itapúa en Noticias, las víctimas contaron las horas de terror que vivieron cuando un grupo armado ingresó a su vivienda para ejecutarlos.
Todo comenzó durante la celebración del Día del Padre del año 2016 cuando la familia Brizuela se encontraba en su vivienda. Sergio Brizuela había llegado de Buenos Aires tras 7 años de trabajo con la intención de volver a afincarse en la zona de Alborada, Distrito de San Rafael del Paraná.
En la mitad de la celebración, una patrullera llegó hasta el lugar con una supuesta orden de allanamiento donde trasladaron a Brizuela a su vivienda, al llegar al lugar le exigieron que entregue el dinero que había traído como fruto de su trabajo en los años que estuvo en la Argentina, llevándose unos 130 mil Pesos argentinos y amenazando que no denuncien el hecho para evitar represalias, jactándose de tener amistad con los efectivos policiales de la zona. La víctima por temor no hizo la denuncia, pero la historia volvió a repetirse en la noche del miércoles 20 de Julio del mismo, esta vez, según la denuncia, los presuntos delincuentes llegaron en una Patrullera marca Toyota, modelo Hilux de color gris que pertenecería a la División de Investigación de Delitos de María Auxiliadora. Descendieron del mismo varias personas quienes golpearon a la puerta preguntando por la “Sra. Blanca” esposa del Brizuela, al negarse a abrir la puerta intentaron ingresar por la parte posterior, Brizuela al percatarse hizo un disparo intimidatorio con una escopeta casera que escondía en el dormitorio, luego las víctimas llamaron a la Comisaría local, cuyos efectivos se presentaron de manera inmediata encontrándose con la sorpresa de que eran efectivos de la División de Investigaciones asignados en la Ciudad de Encarnación quienes argumentaron que se trataba de un operativo.
Dos efectivos fueron identificados en este hecho, el Subjefe de Investigaciones Julio Cabañas y el Oficial Inspector de apellido Añazco quienes se retiraron del lugar luego de la presencia de la Policía zonal.
Días después nuevamente volvió un grupo e intimaron a que se abra la puerta, cuando Brizuela se agachó para retirar una de las tres tranqueras que tenía en la puerta principal de la vivienda, desde afuera dispararon contra la misma, las balas atravesaron por encima del cuerpo de Brizuela e impactando un ropero de la habitación donde su esposa y su hija se encontraban mirando la televisión.
Acto seguido iniciaron una serie de disparos con armas de diferentes calibres, mientras tanto otro grupo intentó ingresar en la vivienda contigua donde el cuñado de Brizuela, Ángel Otazú se encontraba durmiendo, este intentó evitar el ingreso de los atacantes empujando la puerta, al no poder lograrlo le dispararon provocando tres heridas de bala que lo dejaron parapléjico de por vida.
Posteriormente la familia Brizuela decidió abandonar la zona por temor de más represalias ya que según manifestaron esto se dio en venganza por la denuncia presentada ante la Comisaría local y con la intención de “silenciar” a los testigos de este hecho, responsabilizando de cualquier atentado contra sus vidas a la estos efectivos policiales.
Hoy, con el comisario nuevamente al frente de un puesto estratégico y en el centro de las sospechas tras el sangriento ataque de Naranjito, las dos hipótesis —la oficial del EPP y la de un ajuste de cuentas interno”— confrontan a la opinión pública y a las propias filas policiales.
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