El Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de Itapúa, confirmó la resolución que admitió la imputación presentada por el Ministerio Público contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, y los demás procesados en la causa que investiga el derrumbe de un edificio ocurrido en la capital departamental.
En conversación con la abogada Perla Riveros, confirmó que la Cámara rechazó los cuestionamientos planteados por la defensa y sostuvo que la convocatoria a audiencia para la eventual imposición de medidas cautelares se ajusta a las disposiciones legales vigentes, recordando que el objetivo de dicha diligencia es precisamente garantizar que los imputados sean escuchados antes de que se adopte cualquier decisión judicial.
Asimismo, los magistrados aclararon que la declaración indagatoria no constituye un requisito previo para la formulación de una imputación ni para la convocatoria a una audiencia de medidas cautelares, sino que es una exigencia procesal que debe cumplirse antes de una eventual acusación fiscal.
En su análisis, el Tribunal concluyó que la jueza de Garantías actuó conforme a derecho al admitir la imputación e iniciar formalmente el proceso, permitiendo que las partes ejerzan sus derechos dentro de las etapas correspondientes de la investigación.
Además de confirmar la resolución apelada, dos integrantes de la Cámara emitieron votos complementarios mediante los cuales advirtieron formalmente al abogado defensor Luis Alberto Troche Oviedo. Los magistrados señalaron que algunos de los planteamientos formulados durante el proceso presentan características dilatorias y recordaron el deber de litigar con buena fe, evitando actuaciones que puedan entorpecer el normal desarrollo de la causa.
En la parte resolutiva, el Tribunal declaró admisible el recurso desde el punto de vista formal, pero confirmó íntegramente la decisión de primera instancia y dejó expresa constancia de la advertencia al profesional, señalando que podrían aplicarse medidas correctivas en caso de persistir conductas consideradas dilatorias.
Con esta decisión judicial, la investigación por el derrumbe ocurrido en Encarnación continúa su curso en la etapa preparatoria, mientras el Ministerio Público prosigue con la recolección de elementos para esclarecer las responsabilidades en el caso.
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