Se dio inicio al juicio oral y público contra el intendente municipal de Jesús, Víctor Bernardo Garay, acusado por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en una causa relacionada con presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos destinados a obras municipales.
Según explicó el representante del Ministerio Público, la acusación se basa en observaciones realizadas por la Contraloría General de la República respecto a la ejecución de recursos especiales destinados a diversas obras. Entre las presuntas irregularidades detectadas figuran trabajos que no habrían sido ejecutados, incumplimientos en la contratación de seguros y pólizas, además de la vinculación de profesionales cuyos antecedentes no se corresponderían con las funciones asignadas.
El Abg. Luis Albertini, mencionó que la Fiscalía sostiene además que se habrían registrado pagos por obras ejecutadas parcialmente o incluso no concluidas, así como contrataciones de personas que supuestamente no prestaron los servicios por los cuales fueron remuneradas. También se mencionan órdenes de pago utilizadas para justificar desembolsos vinculados a contratos distintos a los originalmente previstos.
De acuerdo con la investigación, los hechos guardan relación con la administración de recursos especiales cuyo monto supera los G. 2.400 millones. El Ministerio Público sostiene que, además de las presuntas inconsistencias en la ejecución de las obras, se habrían producido fraccionamientos de contratos que, por su valor, debían ser sometidos a procesos de licitación o concurso de ofertas, pero que habrían sido divididos para su adjudicación a diferentes empresas.
Durante la primera jornada del juicio también se abordó la situación de la querella adhesiva promovida anteriormente en representación del municipio. Un representante legal de la Junta Municipal solicitó el desistimiento de la acción, sin embargo, tanto la Fiscalía como el Tribunal consideraron que dicho órgano carecía de facultades para retirar la querella, por lo que finalmente fue declarada abandonada.
La Fiscalía adelantó que buscará demostrar durante el juicio la existencia de un perjuicio patrimonial para la Municipalidad derivado de las supuestas irregularidades detectadas en la ejecución de los fondos públicos.
El hecho punible de lesión de confianza contempla una expectativa de pena de hasta diez años de privación de libertad en los casos considerados graves. El proceso continuará con la producción de pruebas documentales y testimoniales que permitirán al Tribunal determinar la responsabilidad o no del acusado.
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