En Encarnación, una grave denuncia por supuestas irregularidades procesales vuelve a poner en tela de juicio la seguridad jurídica y la actuación de magistrados en el fuero civil. La jueza Rossana Aurora Verón De Arca fue señalada por presuntas arbitrariedades cometidas en el marco de un juicio ordinario, tras dictar una resolución fechada el pasado 29 de abril de 2026.
Según los antecedentes del caso, la controversia se originó a partir de una decisión judicial relacionada con el cómputo del plazo probatorio. La denuncia sostiene que el Juzgado habría dispuesto que dicho plazo —que por disposición legal debe ser común para ambas partes— comenzara de manera individualizada y fuera del tiempo establecido, pese a que la última notificación válida ya se había perfeccionado el 31 de marzo.
De acuerdo con la presentación, esta determinación extendió el periodo de producción de pruebas por encima del máximo permitido por el Código Procesal Civil, afectando el principio de igualdad procesal entre las partes y favoreciendo presuntamente a la parte actora.
La situación se agravó cuando la defensa intentó impugnar la providencia mediante recursos de apelación y nulidad. Siempre según la denuncia, la magistrada rechazó conceder el acceso a la Cámara de Apelaciones argumentando que la resolución “no causaba gravamen irreparable”, impidiendo así la revisión de la medida por un órgano superior.
El escrito también cuestiona una supuesta confusión técnica por parte de la jueza, señalando que habría equiparado incorrectamente la irrecurribilidad de una providencia que ordena una prueba con el derecho de las partes a promover incidentes de impugnación.
Otro de los puntos observados es la admisión de informes y documentos relacionados con hechos ajenos a la litis, lo que, según la denuncia, permitiría incorporar elementos que no fueron ofrecidos oportunamente junto con la demanda inicial.
“Estamos ante un escenario donde la juzgadora no distingue entre un recurso y un incidente, actuando fuera de los parámetros legales y favoreciendo abiertamente a la demandante”, expresa parte del escrito presentado por la defensa.
El caso genera preocupación en sectores jurídicos debido a que las actuaciones denunciadas podrían afectar garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa, pilares esenciales del sistema judicial paraguayo.
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