Un tribunal de sentencia dictó una condena de 25 años de pena privativa de libertad contra Bacilicio Salinas, alias “Chili”, tras hallarlo culpable de múltiples hechos punibles, entre ellos homicidio doloso, secuestro, privación de libertad, extorsión agravada y asociación criminal.
El fallo se dio a conocer este martes en el Poder Judicial de Encarnación, luego de un juicio oral iniciado el pasado 21 de abril, en el que el Ministerio Público, representado por la fiscal Zunilda Ocampos Marín, presentó un conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado.
El tribunal estuvo integrado por las magistradas Diana Arana de Uzuca, Nilda Caballero y Raquel García, quienes valoraron los elementos expuestos durante el proceso para emitir la sentencia condenatoria.
Según los antecedentes del caso, el ahora condenado formaba parte de una estructura criminal junto a otros implicados, con el objetivo de obtener dinero mediante secuestros. Las víctimas, identificadas como Rigoberto Bareiro Vargas y Diego Daniel Ozorio, fueron captadas bajo engaño y trasladadas a una zona rural del departamento de Itapúa en octubre de 2020.
De acuerdo con la investigación, los autores exigieron inicialmente 50.000 dólares a los familiares de las víctimas, utilizando sus teléfonos para negociar el pago. Durante el cautiverio, los secuestrados permanecieron retenidos mientras continuaban las exigencias económicas.
Las pesquisas avanzaron tras la denuncia formal y permitieron la detención de uno de los implicados, quien aportó datos clave para ubicar a las víctimas. Posteriormente, en una zona rural de San Pedro del Paraná, fueron hallados los cuerpos enterrados en una fosa común.
Los exámenes forenses confirmaron que ambos fallecieron a causa de disparos de arma de fuego, además de presentar otras lesiones, estableciéndose como causa de muerte un shock hipovolémico.
El Ministerio Público sostuvo que Salinas participó activamente en todas las etapas del crimen, desde la planificación hasta la ejecución y el intento de ocultamiento, lo que fue determinante para la condena.
El caso marcó uno de los procesos más relevantes en materia de secuestro y crimen organizado en la región, y las autoridades no descartan nuevas actuaciones en relación a otros posibles involucrados.
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