En el marco de una denuncia por la supuesta comercialización irregular de un vehículo, falsificación de documentos y presunta amenaza, Nelson Peña, funcionario municipal y encargado del cementerio de Santo Domingo de Encarnación, brindó su versión de los hechos, rechazando las acusaciones y asegurando haber actuado de buena fe en la adquisición del rodado en cuestión.
Según explicó, el vehículo fue adquirido el pasado 25 de septiembre del año anterior a un hombre identificado como Aníbal Duré, por la suma de 20 millones de guaraníes. La transacción, afirmó, se realizó bajo una entrega de 10.000.000 de guaraníes y la promesa de entrega posterior de los documentos correspondientes con el saldo restante, argumentando el vendedor que su padre atravesaba un delicado estado de salud.
“Le tuve confianza porque era un conocido del ámbito político. Firmamos recibos, pero nunca me entregó los documentos”, señaló Nelson, quien aseguró haber intentado en reiteradas ocasiones contactar con el vendedor, sin obtener respuesta.
El conflicto salió a la luz recientemente cuando personas que se identificaron como propietarios del vehículo se presentaron. Según relató, ante la situación se dio intervención a personal del Departamento de Automotores, que procedió a trasladar el rodado a la Fiscalía.
El denunciante sostiene que el vehículo era alquilado y que habría sido comercializado de forma irregular. Sin embargo, Nelson niega rotundamente haber vendido el automóvil o alterado su identificación. “Nunca comercialicé el vehículo ni cambié patente o documentos. Eso consta en la carpeta fiscal”, afirmó.
Asimismo, desmintió otra acusación que señala que habría intentado utilizar un arma de fuego durante un altercado. “Nunca anduve armado en mi vida”, expresó.
El vehículo se encuentra actualmente incautado y a disposición de las autoridades, mientras avanza la investigación del caso. Nelson manifestó su interés en que se esclarezca la situación, alegando también ser víctima, ya que no logró recuperar el dinero entregado.
“Ellos probablemente recuperen el vehículo, pero yo perdí el dinero. Quiero que todo se aclare”, concluyó.
Hasta el momento, el Ministerio Público no lo ha convocado a prestar declaración.
El caso
Ricardo Martínez, del comercio “Lidocar”, denunció que uno de sus vehículos, alquilado a un tercero, habría sido posteriormente comercializado de manera irregular mediante documentación falsificada.
Según el relato del afectado, el automóvil había sido alquilado desde el año pasado a un hombre identificado como Juan Anibal Duré. Inicialmente, el acuerdo se cumplía con normalidad, pero con el paso del tiempo el arrendatario dejó de abonar y evitó todo tipo de contacto, pese a los reiterados pedidos de devolución del rodado.
Ante la falta de respuesta, el propietario decidió rastrear el vehículo mediante GPS, logrando ubicarlo en una zona donde, para su sorpresa, otra persona aseguró haberlo comprado. Al verificar la situación, constató que el automóvil tenía una chapa distinta y que los supuestos documentos presentados —como contrato de compra y cédula— serían falsos.
El denunciante relató además que, al intentar esclarecer la situación, apareció Nelson Peña, quien habría vendido el vehículo al supuesto comprador. En ese momento, supuestamente se produjo un altercado en el que el propietario fue agredido físicamente y, según su testimonio, el agresor incluso insinuó portar un arma, lo que lo obligó a retirarse del lugar por seguridad.
Posteriormente, con apoyo del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, se logró ubicar nuevamente el vehículo y proceder a su incautación. Sin embargo, ya presentaba nuevamente cambios en la chapa y apariencia documental.
De acuerdo con lo manifestado por la víctima, este hecho podría formar parte de un esquema más amplio de comercialización irregular de vehículos, que incluiría alquileres, cambios de chapas y falsificación de documentos para su reventa.
El automóvil, un Toyota Corolla, se encuentra actualmente incautado, mientras se aguarda la intervención del Ministerio Público a cargo de la Abg. Rocío Valdez para avanzar con la investigación correspondiente.
El afectado expresó su preocupación por este tipo de hechos y cuestionó la respuesta del sistema judicial, señalando que situaciones similares ya se habrían registrado anteriormente, lo que —según indicó— facilita la reiteración de este tipo de delitos.
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