La Fiscalía Regional de Encarnación ha formalizado una imputación contra Idilia Beatriz Peralta Schlender, ex presidenta de la Junta Municipal y ex intendenta interina del distrito de Jesús, por los presuntos delitos de apropiación y lesión de confianza. Según el acta de imputación emitida por la agente fiscal Griselda González Torales, la acusada habría causado un perjuicio patrimonial al municipio por un monto de Gs. 120.886.418 durante su gestión temporal entre mayo y septiembre de 2024.
La investigación, que se tramita bajo la causa «Idilia Beatriz Peralta Schlender sobre supuesto hecho punible de apropiación y lesión de confianza en Jesús» (Cuaderno de Investigación Fiscal N° 7673/2024), revela una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos. Peralta Schlender, de 29 años, asumió inicialmente como Encargada de Despacho por resolución de la Junta Municipal N° 21/2024 el 25 de mayo de 2024. Posteriormente, el 8 de julio de ese año, el Tribunal Electoral de Itapúa la designó como intendenta interina mediante la Acordada e Instrucción (A.I.) N° 34.
Su gestión concluyó el 10 de septiembre de 2024, cuando el Tribunal Electoral de Misiones dictó una medida cautelar (A.I. N° 06/2024) que restituyó en el cargo al intendente electo Víctor Bernardo Garay Olmedo, proclamado originalmente en el año 2021. Durante este período, Peralta Schlender tenía la responsabilidad de administrar y proteger el patrimonio municipal, pero según la Fiscalía, incumplió esta obligación al no depositar la totalidad de los ingresos recaudados y al destinar fondos de manera irregular.
El acta de imputación detalla que, en la rendición de cuentas presentada por la imputada con corte administrativo, se identificó una diferencia no justificada entre ingresos por Gs. 211.264.747 y egresos por Gs. 90.378.329, correspondientes al período del 3 de junio al 10 de septiembre de 2024. Esta discrepancia, equivalente a los Gs. 120.886.418 en cuestión, no fue depositada en la cuenta bancaria habilitada para el municipio, y su destino permanece desconocido.
Un control contable realizado por el contador municipal, Lic. Elvio Carlos Kartsch, y una pericia contable elaborada por la forense del Ministerio Público, Lic. María Magdalena Sotto (Dictamen Pericial N° 54/25), corroboraron estas anomalías. Entre las irregularidades destacadas se encuentran:
Uso indebido de fondos de Royalties
Se destinaron recursos de este rubro –destinado exclusivamente a gastos de capital– a pagos no autorizados por la Ley 3984/2010 y la Guía de la Contraloría General de la República (versión 10). Ejemplos incluyen:
– Gs. 40.000.000 en honorarios a la abogada Natalia Elizabeth Riveros, sin documentación respaldatoria.
– Gs. 34.000.000 al Lic. Martín Scheid, también sin legajo de pago.
– Gs. 15.000.000 al ingeniero en informática Rolando Fabián Urtlauf Kettermann por consultoría, que debía pagarse con recursos genuinos.
– Gs. 7.000.000 adicional al mismo ingeniero, mal clasificado en el rubro de honorarios.
– Gs. 18.500.000 a Vicente David Pedrozo por rectificación de un motor Mercedes Benz 611, sin informe de trabajo, contrato ni resolución de pago.
– Gs. 7.080.000 a Eduardo Ramírez González, sin detalles del trabajo realizado ni autorizaciones.
– Pagos por servicios fúnebres, que no corresponden a gastos de capital.
Pagos sin documentación adecuada
Se registraron erogaciones sin legajos de pago, facturas originales, órdenes de compra o licitaciones requeridas por la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas. Casos específicos:
– Gs. 5.850.000 a Katia Horn por verificación e inspección de obras, sin documentos adjuntos.
– Gs. 3.000.000 a la Inmobiliaria HE Constructora EAS por «asesoría legal», pese a que la empresa no tiene esa actividad en su rubro.
– Gs. 1.250.000 y Gs. 900.000 a «proveedores varios» en julio de 2024, sin número de cheque ni respaldo.
Informes presupuestarios inválidos
Los informes de ingresos y ejecución de junio, julio y agosto de 2024 carecen de las firmas del contador municipal y de la intendenta interina, invalidando la ejecución de gastos en esos meses.
Pagos a concejales
Se abonaron «dietas y gastos de representación» por sumas millonarias sin planillas de asistencia a sesiones, violando procedimientos administrativos.
La Fiscalía argumenta que estas acciones demuestran una falta del deber de cuidado con el dinero público, causando un «perjuicio patrimonial grave» al Municipio de Jesús.
Elementos de Prueba y Calificación Legal
Los elementos de sospecha incluyen la denuncia inicial, declaraciones testificales, informes administrativos, documentos adjuntos en la carpeta fiscal y la pericia contable mencionada. Estos se consideran suficientes para la imputación preliminar.
Los hechos se subsumen en los artículos 160 (incisos 1° y 2°, apropiación) y 192 (incisos 1° y 2°, lesión de confianza) del Código Penal Paraguayo, en concordancia con el artículo 29 inciso 1°. La Fiscalía solicita un plazo máximo de seis meses para la investigación preparatoria, conforme al artículo 324 del Código Procesal Penal, debido a la complejidad del caso y la necesidad de recolectar más evidencia.
Este caso surge en un contexto de inestabilidad política en el Municipio de Jesús, marcado por disputas electorales que llevaron a la intervención temporal de Peralta Schlender. Fuentes municipales consultadas indican que la rendición de cuentas irregular ha generado malestar en la comunidad, que exige transparencia en el uso de fondos públicos, especialmente aquellos provenientes de royalties.
El Juzgado Penal de Garantías de Encarnación deberá ahora resolver sobre medidas cautelares, que podrían incluir arresto domiciliario, fianza o prohibición de salida del país, como se sugiere en el acta.
La Fiscalía ha enfatizado que la calificación final dependerá de la etapa preparatoria, donde se verificará el grado de responsabilidad de la imputada. Este escándalo resalta los desafíos en la administración municipal en regiones como Itapúa, donde los controles internos a menudo enfrentan críticas por su debilidad.
El Ministerio Público continúa la investigación, y se espera que en los próximos meses se incorporen más pruebas para determinar si el caso avanza a juicio oral.
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