En el inicio del periodo ordinario de sesiones 2026, la Cámara de Diputados aprobó en general y por unanimidad el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley Nº 7322/2024, normativa que establece la pensión universal para personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión.
La propuesta plantea extender el beneficio a personas con discapacidad severa, sin límite de edad. Tras el debate, el plenario resolvió postergar por 60 días el estudio en particular y conformar una mesa técnica que se encargará de analizar los alcances presupuestarios, el financiamiento y los mecanismos de implementación.
El proyecto es impulsado por el diputado Roberto González (ANR-Cordillera), quien fundamentó que las personas con discapacidad severa enfrentan barreras físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales que les impiden acceder al mercado laboral y sostener una vida digna sin respaldo estatal.
Según la exposición de motivos, la Ley 7322/2024 nació con el objetivo de garantizar un ingreso mensual equivalente al 25 % del salario mínimo a sectores vulnerables que, por su edad o condición, no pueden generar recursos propios. Bajo ese mismo criterio, el proyectista sostuvo que corresponde incluir a quienes padecen discapacidad severa, muchas de las cuales requieren cuidados permanentes y tratamientos médicos costosos.
Durante su intervención, remarcó que no debe exigirse una edad mínima para acceder al subsidio en estos casos. Señaló que, mientras en la tercera edad el parámetro es haber cumplido 65 años, no resulta razonable aplicar un requisito similar a personas con impedimentos severos, considerando que muchas no alcanzan esa edad debido a complicaciones derivadas de su condición.
El diputado Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú) acompañó la iniciativa y destacó que permitirá equiparar el beneficio al de los adultos mayores, representando un alivio económico para un sector históricamente relegado.
Por su parte, el legislador Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú) respaldó la aprobación en general y solicitó la postergación del tratamiento en particular para profundizar el análisis y asegurar su viabilidad. Indicó que el principal desafío radica en el financiamiento, por lo que consideró acertada la conformación de una mesa técnica para evaluar el impacto presupuestario.
A su turno, la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú) enfatizó la necesidad de definir con precisión los tipos y grados de discapacidad que serán contemplados, a fin de garantizar una aplicación efectiva de la normativa.
Otros legisladores también expresaron su respaldo a la iniciativa. Finalmente, el pleno resolvió diferir el estudio en particular por 60 días, plazo en el que la mesa técnica deberá presentar conclusiones sobre los ajustes necesarios para su eventual aprobación definitiva.
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