El proceso judicial que enfrenta a dos figuras de la política itapuense ha tomado un giro decisivo. Según el expediente N° 53/2021, la justicia determinó la culpabilidad de Canuto «Choko» Insfrán en los hechos punibles de calumnia y difamación, de los cuales resultó víctima el actual Gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve.
La condena se sustenta en hechos ocurridos en octubre de 2021, cuando Insfrán difundió, a través de audios de WhatsApp y medios periodísticos, acusaciones falsas contra Pereira. El Tribunal de Sentencia Unipersonal, presidido por la jueza Eva Silva Amarilla, concluyó que la conducta del concejal fue «reprochable» y se ajustó plenamente a los tipos legales de calumnia y difamación.
En diciembre de 2023, la justicia impuso las siguientes sanciones a Insfrán:
- Pena privativa de libertad: Dos (2) años de prisión, inicialmente suspendida a prueba.
- Composición económica: El pago de 80.000.000 de guaraníes a favor de Javier Pereira como medida para restaurar la «paz social» quebrantada.
- Reglas de conducta: Prohibición de realizar nuevas publicaciones que afecten la imagen o el honor de la víctima.
El documento actual (febrero de 2026) revela que ambas partes apelaron la resolución. Mientras la defensa de «Choko» Insfrán intentó anular el fallo alegando fallos en la cadena de custodia de las pruebas y defendiendo su «derecho a la crítica política» , la querella de Javier Pereira ha solicitado que la suspensión de la condena sea revocada.
El argumento central del equipo jurídico de Pereira es la reincidencia: se demostró que Insfrán ya contaba con una condena previa por hechos similares dentro de los últimos cinco años. Por esta razón, consideran que la suspensión a prueba no es suficiente para que el concejal «recapacite en su actuar» y exigían que cumpla los dos años de condena en el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa (CERESO).
Además de las sanciones penales y económicas, la sentencia fue remitida al Superior Tribunal Electoral, lo que podría tener implicancias directas en la carrera pública del concejal departamental. Por su parte, el entorno del gobernador Pereira sostiene que este fallo es una victoria contra la «impunidad de los ataques mediáticos» utilizados como herramienta de desgaste político.
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